La decadencia de un sistema eléctrico fósil

El Gobierno de España ha acometido una reforma del sector eléctrico que es una  mala consecuencia  del enfoque erróneo con el que se está acometiendo la construcción de nuestro futuro energético. Añadida a las regulaciones que la han precedido, continúa tirándose por la borda la imagen de país fiable y moderno que España ha intentado construirse, convirtiéndose por acción gubernamental en un Estado con dudosa garantía jurídica. Además, el Ministro de Energía, Sr. Soria, ha decidido poner en gravísimo riesgo al sector de energía renovable, uno de los más dinamizadores de la economía española.

La iniciativa del Gobierno y el sesgo del legislador impiden, en general, la competencia y, por ende, aumentan la perpetua posición privilegiada de unas pocas empresas, las grandes eléctricas tradicionales de este país, que en su fuero interno añoran el marco general estable del régimen anterior. Desde el Gobierno no se ve bien al productor de energía independiente. La iniciativa privada es posible, salvo que pongas en cuestión el viejo modelo de generación que solo unos pocos no quieren tocar por los beneficios que les genera. Para ello, existe un guardián diligente: la Administración de turno, sin ideología, ni política, ni plan, gobierne la derecha o la izquierda.

“Disfrutamos” de una dudosa liberalización, que lo es en el papel y la letra de la ley e incontables reales decretos. Pero el mercado y el consumidor ni la conocen, ni la perciben, ni la disfrutan. Carece de un requisito mínimo y esencial: no hay competencia. Curiosa liberalización que permite, entre otro listado de temas, seguir subvencionando durante veinte años, la generación en centrales con tecnologías fósiles, como las centrales de gas, aunque no estén en funcionamiento porque el sistema no las demanda.

Es obligado señalar el ensañamiento que esta supuesta reforma hace con el autoconsumo de electricidad, promovido por particulares, comunidades de vecinos, viviendas aisladas y pequeñas industrias. Esta iniciativa privada e independiente se vuelve con esta reforma inviable económicamente al obligar al consumidor que quiera acogerse al autoconsumo a pagar por unas infraestructuras de red de suministro que no utiliza. Un auténtico blindaje para las cinco grandes eléctricas. Si como manifiesta un alto dirigente de una empresa del sector eléctrico, la tecnología que sustenta el autoconsumo, la solar fotovoltaica, es ineficiente, ¿por qué dedicar a toda una dirección de su empresa a convencer al Ministerio de hacerla inviable mediante la imposición de un peaje elevado y multas desorbitadas? ¿No será que se teme a la competencia real que introduce el autoconsumo con renovables y con ella al imparable cambio de modelo eléctrico?

El proyecto de ley se ha visto acompañado por una campaña de argumentos sesgados, cuando no falsos, sobre las renovables. Unas justificaciones procedentes de sesudos dirigentes cuyo objetivo es que el modelo no cambie impidiendo con cualquier método que la empresa independiente por pequeña que sea influya en la generación. El Gobierno, lejos de ser árbitro neutral, compra y airea estos argumentos mientras sigue vendiendo en el extranjero la falacia del ejemplar desarrollo de las energías renovables en España.

Se ha tratado de identificar renovables con déficit de tarifa, cuando no hay argumentos para probar la correlación de la evolución del déficit con el importe de las primas a las renovables. Por otra parte, es totalmente falso que las renovables aumenten los costes del precio de la electricidad. Los profesionales serios del sector conocen que su entrada en el mercado ha reducido en los ocho últimos años el precio del MW en más de 19 euros.

Que el Gobierno eluda ante Europa, compromisos y acuerdos en materia de objetivos energéticos y de energía renovable, nos avergüenza pero ya no extraña a nadie. Que además en el proyecto de reforma se ignore toda apelación a medidas de ahorro, eficiencia y medioambientales en los tiempos actuales, no es admisible, sino es porque el Ejecutivo se ha retratado en sus intenciones de favorecer un mayor consumo y además  con energías fósiles. Simplificando, es favorecer el uso del coche eléctrico, sin emisiones, cargado con energía proveniente del carbón. Coherencia pura.

El proyecto de ley del sector eléctrico es incoherente con las directrices europeas en materia de energía. Es inadecuado por partir de un diagnóstico erróneo: el déficit de tarifa acumulado viene de los costes regulados. Es intervencionista, al desmantelar el órgano regulador teóricamente independiente (CNE) y recentralizar competencias de las Comunidades Autónomas. No es neutral pues no reparte equitativamente los esfuerzos para la solución del déficit favoreciendo las posiciones de las grandes empresas. Resulta en consecuencia ineficiente pues se limita a atender los costes del sistema eléctrico, sin evaluar los potenciales efectos sobre la economía nacional y su evolución, se avoca al cierre a instalaciones del sector renovable y no se evalúa, porque no importa, el incremento de las emisiones.

Es necesario desarrollar otra Ley del Sector Eléctrico diferente a la prevista. Una nueva ley que incentive y facilite la transición del sector de generación tradicional para convivir con un nuevo modelo de generación distribuida que asoma en Europa y en el mundo aunque no se quiera ver y se pretenda dilatar. Otra ley que permita la integración racional en el sistema eléctrico de las energías renovables y la adecuación de su tecnología a costes competitivos con otros combustibles. Es urgente velar más claramente por el interés general, subrayo el término general, en torno a una cuestión básica como es la electricidad.

 Xabier Albistur, Presidente de APPA Fotovoltaica