REFORZAR LA CIUDADANÍA

Prólogo.

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, entidad creada en el siglo XVIII (año 1765) ha cultivado una presencia histórica efectiva pero desigual en nuestra sociedad, motivada por los avatares también históricos ocurridos a lo largo de su dilatada existencia. Ha afirmado una brillante trayectoria y un destacado protagonismo en la cultura vasca, desarrollando en el periodo fundacional una polifacética y prolífica actividad en los campos de las Ciencias, las Letras y las Artes.

Dentro de una gran variedad de experiencias técnicas, manifestaciones y artículos culturales y artísticos ha practicado proposiciones en los ámbitos de la Agricultura y Economía Rústica, Ciencias y Artes Útiles, Industria y Comercio e Historia y Buenas Letras, difundidas a través del órgano de expresión de la Bascongada, los Extractos de 1771 a 1793. Fueron instituidos en el artículo 39 de los primitivos Estatutos de la Sociedad aprobados el 10 de agosto de 1773 y han sido considerados como una de las primeras revistas científicas aparecidas en la península ibérica, con carácter de revista multidisciplinar.

Hace ahora 25 años en virtud a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, la Bascongada solicitó al Gobierno Vasco ser reconocida y declarada de Utilidad Pública como Asociación inscrita que contribuye con el desarrollo de sus actividades a la promoción del interés general de Euskadi y por entender que se incardinaba plenamente en el citado supuesto legal, gracias a la importante labor que realizaba en los campos de las Ciencias, las Letras y las Artes. 

A propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública, Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, Educación, Universidades e Investigación y Cultura, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 26 de septiembre de 1995, se dispuso en Articulo único, la declaración de Utilidad Pública a la Bascongada, inscrita con el número RPG350 en el Registro General de Asociaciones, reconociéndole los derechos inherentes a esta declaración previstos en el artículo 22.2 de la Ley 3/1998, de 12 de febrero.

Así las cosas, lo que ahora se pretende con el documento «REFORZAR LA CIUDADANÍA», es formular comentarios, sugerencias y recomendaciones, además de promover iniciativas, en tres causas que consideramos limitadoras del ejercicio de la libertad en la sociedad actual y que representan, sin duda alguna, tres problemas condicionantes para reforzar la ciudadanía futura, a saber:  las formas de precariedad de la juventud, el envejecimiento de la población y la política demográfica y la inclusión social de la emigración.

Bien entendido que, a pesar de la bien ganada legitimidad de la Bascongada en base a conferencias, congresos, estudios, publicaciones, artículos, seminarios, jornadas, etc., dirigidos todos ellos a la consecución de los fines que persigue; en lo tocante al papel consultivo que la Bascongada pueda ejercer de cara a las Instituciones de Gobierno, se aprecia poco poder decisorio, tal como ocurría en el momento del surgimiento de las Sociedades Económicas, como podemos leer en nuestro caso, en el punto 5º de los ocho en que la Bascongada repasaba las actuaciones de la Comisión primera o de Agricultura, en los Extractos de 1777, página LXXII, relativa al fomento de las plantaciones en montes, en base a instrucciones y ejemplos prácticos recogidos en la extensa comunicación presentada en la Junta de Vitoria el 19 de abril de 1776 y publicada en el Ensayo de 1778

  “5º. La plantación de montes, ramo tan importante al país y ventajoso al estado, se ha fomentado con instrucciones y con un plan para acelerar la plantación de todos los terrenos vacíos que es lo único que en este punto puede hacer la Sociedad; pues no correspondiéndola por ningún título en meterse a legisladora para reducir a leyes sus ideas, cumple con exponerlas al público, a fin de que las juntas generales de las provincias hagan de ellas el uso que tuviesen por más conveniente.”

Sin embargo, la carencia de poder decisorio no impide ejercer una función de reflexión y visión en relación a la atención e interés por el medio social en el que la Bascongada está inserta. De este modo y en coherencia perseguimos con este Extracto el mismo fin fundacional que impulsó a nuestros fundadores:

“Procurar todas las ventajas imaginables al Pais Bascongado, ese es nuestro instituto; pero que no sólo debemos profesarle especulativamente, sino con la práctica y el exemplo”.

Introducción.

«Reforzar la Ciudadanía».

La ciudadanía como reconocimiento de los derechos de la persona, plasmados en textos legales que el poder político constituido y sus instituciones debe atender y proteger, es una lenta conquista histórica todavía no concluida y en permanente reconstrucción.

El concepto de ciudadanía y la realidad que refleja indica un dinamismo, un afán, que se manifiesta en la definición de la Real Academia cuando lo aplica a la persona considerada como miembro activo de un Estado, siendo además titular de derechos políticos pero voluntaria y racionalmente sometido a sus leyes.

La acción de la ciudadanía ha reforzado lo societario y viceversa. La sociedad como ente real y reunión de ciudadanos para utilidad y organización de estos. Así pues, la ciudadanía no se puede aislar de la interdependencia que se produce entre todos los seres que forman parte del medio social. En este ámbito social la ciudadanía avanza ineludiblemente hacia una mayor concordia entre las personas, tanto en asuntos que afectan a los derechos como también a los deberes.

El ciudadano democrático dejó de depender de poderes particulares para relacionarse con los otros ciudadanos en condiciones de igualdad y equidad. Se constituyó y desarrolló una base legislativa para salvaguardar esta independencia y la gran consecuencia es que la jerarquía, para serlo, deberá ser garante de la ciudadanía.[1]

Para evaluar la conducta de un ciudadano, primero tendremos que diseñar un ideario de sociedad. Y en función de este, podremos pedirle un determinado comportamiento. Para educar a un “buen” ciudadano, necesitamos de una “buena” sociedad. Pero también es cierto que, para construir una buena sociedad, necesitamos de buenos ciudadanos. Unos ciudadanos comprometidos, libres y felices. Comprometidos y participando en su construcción con entusiasmo y generosidad.

Cuando hablamos de ciudadanía, necesariamente hablamos de democracia. Ambas despliegan un distintivo de dinamismo que debe activarse constantemente. La ciudadanía que está en permanente juego y la democracia, a su vez, no son un orden firme y completado, sino algo en continua transformación.

Vivir en una democracia no es una situación inalterable ni perdurable. Un régimen de libertades no significa necesariamente que esa situación vaya a mantenerse de forma automática y sin posibilidad de cambio. La historia reciente nos ha demostrado que por la puerta de la democracia han entrado nuevos regímenes de signo dictatorial trastocando todos los contenidos y valores que aporta una democracia al ciudadano y a la sociedad.

La ciudadanía comprende ante todo el ejercicio de la libertad personal dentro de un marco social regulado en el que la persona accede mediante sus capacidades a los beneficios de los que la sociedad le hace partícipe conforme ha ido avanzando en su desarrollo económico y en la protección de los derechos humanos reconocidos: educación, salud, vivienda, trabajo, asistencia social. Cualquier falla en esta vía es una limitación al reconocimiento de la ciudadanía y una muestra de la debilidad de una democracia.

Nuestra libertad acaba donde empiezan los derechos de los demás. Pero el hecho de cumplir con las leyes sociales, puede conllevar un ejercicio de libertad, aunque parezca un contra sentido. Si tras reflexionar sobre la conveniencia de afrontar una ley social, llegamos a la conclusión de que esta es la más conveniente para el colectivo, lo haremos con entusiasmo y entrega. No porque lo exija la ley, sino porque así lo creemos nosotros. Al fin y al cabo, la libertad consiste en elegir.

La complejidad de nuestras sociedades originada por inferencias económicas, tecnológicas, energéticas, de las que somos sujetos pasivos y por decisiones políticas correspondientes a intereses antagónicos de bloques, nos envuelve en la incertidumbre y en una sensación de impotencia. Pero los acontecimientos (desempleo, precariedad, recortes de servicios sociales, refugiados, emigración, respeto a los derechos humanos, deterioro medioambiental, etc.…) nos obligan como ciudadanos a desplegar un posicionamiento personal y público claro, a reflexionar sobre el ejercicio de nuestra libertad y responsabilidad. Posicionamiento que termina teniendo su expresión social a través de grupos o colectivos que se institucionalizan para participar en la vida pública con el fin de corregir las limitaciones a la ciudadanía y a la democracia.

Parece obligado encaminar nuestra sociedad en la dirección de la auto responsabilidad, no solamente en la cuestión de la observación de las leyes, sino también en su construcción. Una sociedad construida de abajo arriba con una actitud participativa, sin esperar a que sean las autoridades las que lo hagan, es decir, que la acción ciudadana sea la que proponga e involucre a la administración.

Toca a cada ciudadano ir ajustando su posición, su identidad, y revisando su conducta ciudadana ante las nuevas situaciones sociales que se presentan, en especial cuando la tradición y las costumbres han perdido autoridad y referencia. La ciudadanía debe tener como señal clara su dimensión pública como testimonio y difusión de principios tales como: civismo, tolerancia, razonabilidad, sentido de equidad, capacidad reflexiva, compromiso democrático, sensibilidad por la libertad, solidaridad, etc.

Peñaflorida, en su Discurso Preliminar terminaba subrayando el quid de esta cuestión con una reflexión que engloba su sentido del reforzamiento de la ciudadanía, aunando teoría con práctica:

 “Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros, ahora debemos ser todos del Público. El bien y utilidad de este han de ser los polos sobre (los) que giren nuestros discursos y el blanco al que se han de dirigir nuestras operaciones. El infundir en nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría y un odio mortal al vicio y a la ignorancia y el procurar todas las ventajas imaginables al Pais Bascongado. Ese es nuestro instituto”.

El objeto de estas reflexiones, a modo de observación de la realidad social en la que estamos conviviendo, es continuar y actualizar los fines y funciones fundacionales. Hoy como entonces la ciudadanía está en construcción permanente. Los escenarios y condiciones sociales son diferentes, la ciudadanía está más consolidada, pero se dan amenazas que pueden decidir su retroceso y su limitación con graves afecciones al desarrollo humano, a los derechos de las personas y a la consolidación de la democracia.

Esta depende cada vez más de la conciencia de ciudadano y por ende de la ciudadanía que las personas vayan reconociendo como valor. La vivencia de la ciudadanía colectiva tiene como resultado impulsar la cohesión social que hace referencia al sentido de pertenencia a un espacio común o al grado de consenso entre los integrantes de una comunidad, de tal forma que –según sea la intensidad de la interacción social dentro del grupo-, habrá una mayor o menor cohesión del mismo. De esta manera, “una sociedad igualitaria y justa tendría un alto grado de cohesión social, ya que sus integrantes formarían parte de un mismo colectivo con intereses y necesidades comunes. En cambio, si la sociedad mantiene grandes niveles de desigualdad, no se produciría la necesaria cohesión, y los ciudadanos tendrían conductas enfrentadas”. [2]

Dicho esto, como enunciado general, optamos siempre por la integración social, la inclusión social y bienestar social, y nos movemos en pro de condicionar la evolución de nuestra sociedad, sobre la que no tenemos intención de intervenir, pero sí de orientar, hacia una progresión ordenada e integradora de ciudadanos plenos y en convivencia solidaria.

Citaremos tres fenómenos sociales, a nuestro modo de entender limitadores de la ciudadanía, que consideramos entre otros, como tres problemas ineludibles y condicionantes para reforzar la ciudadanía futura:

  1. Las formas de precariedad para la juventud.
  2. Envejecimiento y política demográfica.
  3. La inclusión social de la emigración.

PUNTO PRIMERO.

Las formas de precariedad para la juventud.

Una sensación de pérdida de confianza se ha instalado entre gran parte de la ciudadanía europea, efecto sin duda de los malos resultados de las políticas aplicadas durante la crisis. En la última década las desigualdades han aumentado, muchos jóvenes se encuentran con enormes dificultades para acceder al empleo y el trabajo precario aparece como alternativa al desempleo, al tiempo que se calcula que más de una de cada cinco personas de Europa se encuentran en riesgo de exclusión social, o por debajo del umbral de la pobreza. [3]

El INE en su reciente informe de Estadística Salarial revela brechas salariales según la edad y el tipo de contrato. El sueldo medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años se situó en 2017 en 1.065,5 euros mensuales, la mitad del sueldo que percibieron de media, los asalariados de 55 y más años (2.169,2 euros). En los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que percibe un salario menor de 1.230,9 euros al mes alcanza el 66,2% mientras que en los asalariados de 55 y más años el porcentaje baja al 23,2%. Por tipo de contrato, el sueldo medio mensual de los indefinidos (2.086,7 euros) supera en un 55,3% al de los temporales (1.343,4 euros). [4]

España mantenía en 2017 una tasa de desempleo juvenil del 37,4%, la segunda más alta de la Unión Europea, donde la media era del 16,1%, mientras que en Euskadi alcanzaba el 20,5%, de los que algunos serán desempleados de larga duración. Teniendo en cuenta además que en lo que se refiere a los parados de larga duración de mayores de 45 años, en el que en España supone el 40% del desempleo total, 40% entre hombres, y el 60% entre mujeres, que en muchos casos coincidirán en el mismo grupo familiar nos encontramos con un auténtico drama social.[5]

Será necesario superar uno de los retos más relevantes y urgentes de nuestra sociedad, que no es otro que hacer posible que nuestros jóvenes, pertenecientes a la que quizás sea la generación mejor preparada de la historia, puedan acceder al empleo en las condiciones más adecuadas de retribución, motivación y estabilidad, de tal manera que sus carreras profesionales tengan el desarrollo deseado.

En definitiva, las actuales tasas de desempleo juvenil y de personas mayores de 45 años, junto a la brecha laboral y salarial y las situaciones generadas por el fenómeno migratorio, nos indican que aún estamos lejos de alcanzar los niveles adecuados de integración e inclusión, de cohesión social, y todo ello a pesar de los importantes esfuerzos que desde las diferentes administraciones vascas (RGI, etc.) se están realizando para paliar carencias, que aún persisten en nuestro país.  

Un  estudio, sobre «Las perspectivas de futuro de los jóvenes españoles» financiado por el Parlamento Europeo, revela que más del 60% de los encuestados  cree que los jóvenes tendrán una vida peor a la de sus padres. Y, además, el 25% opina que la millennial es la generación que vivirá peor.

El informe publicado el 28 de agosto 2018 por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, sobre «Situación del Mercado de Trabajo de las personas jóvenes en la CAE» concluye: desempleo muy elevado, difícil entrada en el mercado laboral, ampliación de los periodos de búsqueda de trabajo, disminución de los salarios, alta temporalidad y acrecentada contratación parcial. Panorama que, entre otras características tampoco muy esperanzadoras, conduce a otras situaciones sociales no tan analizadas pero graves para una correcta inserción social.

El informe indica como causa la “herencia laboral” que deja la crisis económica particularmente dura con este colectivo.

El informe cobra interés e importancia porque pese al tan citado relanzamiento económico precisamente en el primer semestre de este año Euskadi ha dejado de ser la comunidad con menor tasa de desempleo juvenil del Estado.

Las Consecuencias que se enumeran son:

  1. El riesgo de perder a una generación para el empleo motivado por el retraso en la emancipación, el desánimo por el largo desempleo,
  2. El riesgo de exclusión social provocado por el desgaste sicológico del desempleo de larga duración por la falta de poder adquisitivo, aumento de la sensación de inutilidad, tendencia a la criminalidad y violencia.
  3. Cronificación de condiciones laborales precarias y precarizantes. Contratación con elevada temporalidad y tiempo parcial, salarios bajos y con tendencia a reducirse.
  4. Condicionamiento del salario futuro. Los bajos salarios percibidos durante los primeros años de empleo llevan consigo una disminución de ingresos en la edad adulta pues el aumento se produce sobre el salario inicial.

A su vez otro reciente informe de ADEGI indica que, dentro de la actual coyuntura favorable para las empresas industriales guipuzcoanas, éstas plantean como problema preocupante la dificultad de “incorporar al personal que necesitan, ya que una de cada tres firmas renuncia a incorporar personal, aunque lo necesiten al no encontrar el perfil cualificado que requieren”. [6]

La encuesta de coyuntura de Adegi lo deja claro: la principal preocupación para el 43% de las firmas es contratar personal cualificado. Una situación compleja y que afecta a cada vez más compañías, que no se conforman con vivir un momento dulce, sino que quieren que ese momento se alargue lo máximo posible y reforzar la plantilla con los profesionales que le deben garantizar su pervivencia y liderazgo durante más tiempo.

Las posibles soluciones apuntan, pasan por “un mayor atractivo de las firmas y del entorno”. Los jóvenes cualificados se encuentran con unas mejores condiciones económicas y laborales en otros países europeos o en otras ciudades de España. ADEGI propone revertir esta circunstancia con mejores condiciones salariales y profesionales. Emplaza a las empresas a seguir realizando contratos indefinidos, de forma que la temporalidad no suponga un factor que vaya en contra de la retención del talento del territorio.

En Gipuzkoa, en 2017 se jubilaron 7.000 trabajadores y entraron al mercado laboral 4.000. Las cifras no engañan. El reemplazo de personal con jóvenes recién formados comienza a ser complicado, de no tomarse medidas que permitan retener a ese talento. Las dificultades para que se renueven puestos claves en las empresas van a ser relevantes, si no se consigue hacer retornar a los que tuvieron que abandonar el territorio durante la crisis y evitar la salida de los recientemente formados con una oferta profesional adecuada al desarrollo personal necesario.

La conclusión del informe de Lanbide y del de ADEGI, casa con nuestro objetivo de señalar una de las limitaciones al reforzamiento de la ciudadanía.

Coincidimos con Lanbide que esta peligrosa situación personal y social empobrece a la sociedad en general y la desequilibra. Las secuelas previsibles a medio plazo se observarán en una disminución de la natalidad, emancipación tardía y menos calificada, emigración de jóvenes preparados, incremento de la economía informal de subsistencia, reducción del consumo, dificultad de mantenimiento del sistema de pensiones, incremento del gasto en sanidad y servicios sociales. En la esfera personal a estas dificultades se añaden la consolidación de la precariedad vital y del riesgo de marginalidad, el impedimento de acceso a una vivienda propia o de alquiler, el freno para formar una familia, la pérdida de capacidad y preparación profesional, la limitación de la independencia personal.

Con ADEGI convenimos en el empobrecimiento técnico, de conocimiento y de gestión en la empresa guipuzcoana y en los obstáculos que se originan para su renovación y competitividad. Carece de sentido, una vez observado que el crecimiento es sostenido y la recuperación del empleo también, que no se apueste por una cifra de contratos indefinidos cada vez más importante en las relaciones laborales. Dicen los propios jóvenes, “no se pueden pedir doctorados, idiomas y experiencia y luego no pagarlo; así quien esté en el extranjero no querrá venir. Hace falta pagar bien, y dar flexibilidad y seguridad”.[7] Concluyen denunciando a quienes abusan del contrato temporal y que han sido advertidos por Inspección de Trabajo durante los meses de verano, provocando como derivada un incremento mayor del esperado, de manera forzosa, en la contratación indefinida.

La precariedad y la marginación juvenil no son un modelo de crecimiento deseable ni sostenible. Si no se afrontan con decisiones políticas rápidas, ambas pueden enquistarse en la débil estructura laboral. Para las correcciones no se necesitan grandes demonstraciones ya que basta con exigir el estricto cumplimiento de las leyes laborales en aspectos concretos de contratación, como que los puestos de trabajo fijos no sean cubiertos con temporales. Sería un paso modesto, pero decisivo para reducir la precariedad.[8]

¿Qué hacer?

Nos atrevemos a indicar unos primeros enfoques:

Se hace necesario un análisis político y social de los datos contenidos en las estadísticas, que avalan la diferencia entre generaciones: mayores con rentas y patrimonios garantizados (el principal, la vivienda), jóvenes con recursos decrecientes y sin capacidad real para acumular su propio patrimonio. Esta situación nos lleva a indicar la necesidad de implantar y realizar políticas públicas para asegurar el futuro de los jóvenes.

Pero lo relevante son afrontar las causas. La corrección político-social debe actuar sobre el cumplimiento de la legislación laboral, la inequidad económica y los factores que tienden a consolidarla, tanto en tiempos de prosperidad como de crisis.

Proponemos:

1.- El impulso de una mesa interinstitucional, administración, sindicatos, empresa para formular un plan de choque con soluciones viables y sostenibles (de formas de contratación y salariales) dentro de la economía guipuzcoana.

2,- Medidas de política laboral exprimiendo las competencias en materia laboral dentro de nuestro ámbito de actuación (trabajo de iniciativa y control parlamentario) y mayor vigilancia de la inspección de trabajo en las formas de contratación y retribución.

3.- Medidas público-privadas de atención al desempleado juvenil tendentes a generar ocupación que contrarreste las consecuencias sicológicas e incapacitantes del paro.

En este sentido, proponemos también, una deliberación en Foro abierto (de iniciativa pública del ejecutivo o parlamentaria) entre agentes públicos y privados (administración, patronales Sindicatos y universidades) sobre los tipos de empleo que planteará el futuro y las oportunidades que los jóvenes encuentran de formarse para ellos. [9]

Consideramos además ineludible la visión y participación de la opinión y propuestas de la juventud en el citado foro, ya que hay demasiada gente adulta opinando sobre los jóvenes y su futuro, sin que estos cuenten con canales articulados de opinión y participación en la sociedad.

Parece también necesario emprender con consenso social el relevo generacional de forma ordenada y como receta de las políticas laborales y de empleo.  Se han experimentado fórmulas como el «contrato relevo» pero se echan en falta a partir de esta experiencia, propuestas innovadoras que cubran con eficiencia la necesidad de reposición, no sólo en los puestos técnicos o administrativos, sino incluso en los de carácter directivo, donde la visión de la juventud puede introducir ideas innovadoras eficaces.

Potenciar instrumentos como «Gipuzkoa Talent» una iniciativa de la Diputación Foral que, entre otras cosas, pone en contacto a demandantes de empleo en empresas del territorio con las ofertas existentes y a su vez facilita asesoría en asuntos legales, trámites administrativos o cuestiones inmobiliarias a esas personas (guipuzcoanos o no) que se incorporan a nuestro mercado laboral.

PUNTO SEGUNDO.

Envejecimiento y política demográfica.

De nuevo otro informe publicado el pasado mes de agosto, esta vez por el EUSTAT, nos acerca a las preocupantes consecuencias de un problema visible y constatable por la sociedad guipuzcoana. Este informe analiza el conflicto demográfico dentro de nuestra sociedad entre la longevidad creciente y la decreciente tasa de natalidad.

Nos encontramos ante un desafío. Por una parte, destacamos un hito benéfico (la sociedad vasca ha ganado 2,5 años de esperanza de vida en la última década) para la pirámide demográfica y para el desarrollo integral de la sociedad, que comparten mujeres y hombres, por este orden ya que ellas aventajan en la longevidad, (86,2 años frente a 80,3). Tenemos la población más longeva de Europa. Pero, este beneficio tiene su cara contraria, la natalidad, en la que ocupamos los puestos de cola europeos.

En el primer semestre de 2018 la natalidad ha descendido un 5% en Gipuzkoa respecto al mismo periodo del año 2017. Los nacimientos fuera del matrimonio representan el 41,6% y en el 23,6% de los nacimientos la madre tenía nacionalidad extranjera.[10]

Euskadi destaca en dos aspectos que llevan años tocando a la puerta: el envejecimiento de la población y la caída de los nacimientos. Dos datos que no pueden analizarse aisladamente y que plantean una situación demográfica descendente, de no remediarse con el aporte de la inmigración.

El desafío, envejecimiento-menor natalidad, origina un desequilibrio sustitutorio que derivará en una sociedad centrada en los cuidados asistenciales sobre la reposición del rejuvenecimiento. Esta contradicción nos hace vivir en la paradoja de ser un país que debe asegurar recursos para atender adecuadamente a sus mayores, pero no propone una fórmula para incentivar la natalidad compatible por una parte con la igualdad de género y por otra evitar la renuncia a la maternidad de la mujer. Hoy por hoy ineludiblemente debemos ser conscientes de la transformación que se está produciendo en nuestra sociedad vasca por estos cambios demográficos.

La OIT en su Informe mundial de protección social 2017-2019 advierte que “el buen envejecimiento depende de que las personas tengan unas pensiones adecuadas” lo que representa ahorros comprobables en gasto social público, pero alerta a su vez que «la pobreza en la tercera edad está creciendo en Europa y que a menos que se corrijan las reformas recientes 19 países europeos va a ver descender sus pensiones en las próximas décadas».

Es evidente que el modelo de atención a la denominada tercera edad está cambiando y exige una radical adecuación a la nueva realidad. Las políticas demográficas son ya exigencias y reclaman prioridades en dedicación regulatoria y de recursos ya que los colectivos afectados son distintos a cualquier otro colectivo de mayores de tiempos pasados. Son protagonistas del cambio político en España. Estudiaron más que sus padres, viajaron más, dieron mayores comodidades y oportunidades a sus hijos. Es sin duda la generación de jubilados mejor preparada. Dejan claro que no están dispuestos a renunciar al sentido de mejora de vida que marcó su juventud.

Hay otra variable que les resulta difícilmente comprensible, que ni el sector económico ni la sociedad en general no valore la experiencia y conocimiento acumulado. No parece evidente, que se pueda perder este activo social.

El envejecimiento de la población está en primera línea de los objetivos políticos. Las administraciones están intentando aplicar políticas de atención, pero los recortes de la crisis económica han generado un déficit de recursos para las personas mayores, y sobre todo para las personas dependientes. Gipuzkoa, pese a los esfuerzos de inversión de la última década, presenta una proporción de plazas de residencia inferior a la media europea. Esas carencias, son sustituidas por políticas asistenciales que potencian la asistencia y estancia en el domicilio porque es la opción cada vez más preferida por los ancianos (en Gipuzkoa,70% de las personas con más de 80 años).

Estas políticas están condicionadas por los pasos repentinos de una buena vejez a una situación de dependencia que plantea la necesidad de ingresar en una residencia. El modelo de la atención en el domicilio es estimable, pero ante la situación de dependencia precisa de apoyos externos por personas formadas y cualificadas en atención especializada a personas mayores. Corresponde de nuevo a la Administración plantear programas de atención domiciliaria, programas de formación profesional para asistentes cualificados y recursos económicos o medidas fiscales para sostenerlos.

Desde una perspectiva que pretende «Reforzar la ciudadanía» parece necesario promover mensajes y políticas renovadoras que impulsen una visión de la senectud lejos de contemplarlo como un colectivo pasivo, dependiente y parasitario del erario público y siempre dentro de una visión del buen envejecer. No corresponde sólo preocuparse, sino que hay que ocuparse, especialmente las Instituciones Públicas ante un problema que puede desbordarnos.

Las generaciones de mayores futuras, tienen también la función de despejar las incógnitas de ese nuevo tiempo que los avances en salud han ganado para ellos. En esa función deben encontrar confirmaciones. Esos objetivos pasan por una política de pensiones públicas y privadas impulsoras de sistemas de ahorro fiscalmente protegidos e incentivadores y rigurosos en su control y gestión. Incluyen también la capacidad y posibilidad de continuar trabajando, lo que conlleva revisión de la forma de acceso a la jubilación.

También es necesario introducir en la educación y en la cultura en general, que la vida se compone de etapas para la que necesariamente hay que prepararse y respetarlas. Cada generación deja un mundo construido del que se benefician quienes se van convirtiendo en adultos activos.

  • ¿Qué hacer?

La descompensación demográfica plantea a Euskadi en general y Gipuzkoa en particular un problema laboral, sanitario, fiscal y de pensiones si no recupera fecundidad e inmigración. Evidenciamos un envejecimiento demográfico imparable y una baja tasa de reposición.

Recomponer la decadente tasa de fecundidad cuesta años, pero es inexcusable si no quiere convertirse a Euskadi y Gipuzkoa en un asilo, o dicho de forma positiva si se fomenta un envejecimiento activo que minimice, a través de políticas sociales y sanitarias y de la tecnología, los costos de sostenimiento de una sociedad en proceso de envejecimiento.

Urge iniciativa pública y consenso social en el fomento de la natalidad, con incentivos financieros, fiscales y sociales sólidos y atractivos. También con medidas laborales que concilien la actividad laboral con la vida familiar considerando su coste como una inversión vital para el futuro de Euskadi y no como un gasto. Todos los recursos económicos y servicios sociales que se pongan en el objetivo serán escasos, pero la única forma de atender y cuidar a los mayores, mañana, es apostar hoy por los jóvenes. El país que apuesta más por los mayores pasivos que por los jóvenes tiene más pasado que futuro.

Se ha roto el pacto generacional en el que los hijos cuidaban a los padres por condicionantes del sistema de vida actual. La atención a las personas mayores demanda hoy de una acción externa a la familia. Para la administración se plantea una revisión de las políticas asistenciales para centrarse en las de acompañamiento y ayuda individualizada en la dependencia, que a su vez demanda formación y profesionalización del asistente y de los servicios que los proporcionan.

En esta línea, destacamos el proyecto AdinBerri que se plantea como actuación interinstitucional (Diputación Foral, UPV, Tecnalia, Fundación Matía) apoyado en tres bases: residencial con soporte de tecnologías para la salud y la movilidad, formación de cuidadores e investigación para nuevos sistemas de asistencia.

Apoyar el envejecimiento activo y saludable fundamentado en el autocuidado y la autonomía personal como valor social. Enfrentar políticas que faciliten prolongar la actividad laboral con nuevas fórmulas de relación laboral, fomentar el voluntariado social, incentivar la iniciativa ocupacional de los mayores. Garantizar además de la pensión, la continuidad de asistencia y cuidados asegurando que una persona tiene cubiertas sus necesidades sanitarias y sociales (vivienda, ingresos, energía). Gipuzkoa tiene el reto de alcanzar una proporción de plazas en residencia similar a la europea para una población análoga demandante, pero a su vez de responder con medidas eficaces y apoyo tecnológico el creciente deseo de las personas mayores de continuar y ser atendidos en su propio domicilio.

Apuntamos a una coordinación y cooperación eficaz de servicios sanitarios, asistenciales y de apoyo.

PUNTO TERCERO.

La inclusión social de la emigración.

Una parte de la información que recibimos actualmente sobre inmigración, está vinculada con casos de extrema gravedad provocados por la guerra o los gobiernos dictatoriales en los que lo primordial es asegurar la vida y la subsistencia elemental. Hay otra no menos importante que está costando a su vez un número elevado de vidas humanas provocada por el subdesarrollo de los países africanos que motiva en particular a los más jóvenes a buscar una nueva oportunidad de vida y trabajo en los países europeos.

Sin entrar en el análisis de esta situación y sin querer obviarla e ignorar sus causas nos centraremos en el punto de vista del drama humano y manifestamos que tenemos que tender la mano a quienes están absolutamente desprotegidos, adoptando medidas políticas y sociales responsables en coordinación con la Unión Europea y con el resto de autoridades estatales, autonómicas y locales, pues no hay otra alternativa. En esta y otras cuestiones, nuestra postura es decididamente europeísta.

Entendemos que se debe abandonar una política y actitud estrictamente asistencial en el caso de la emigración. Puede ser una política eficaz de primera acogida que resulta insostenible e insuficiente a la larga. Si el emigrante viene para quedarse debemos colaborar en su objetivo. La integración comprende la formación no sólo en el idioma sino también en la introducción en una cultura y en el aprendizaje de oficios o profesiones que le faciliten la incorporación integral en la sociedad donde se instala.

El problema de la integración es una asignatura no aprobada. No solo de la reciente emigración, sino de los colectivos que viven entre nosotros hace ya años. Nos estamos refiriendo a poner las bases para una sociedad mestiza donde puede ser posible que dentro de unos años tengamos entre nosotros bertsolaris de origen musulmán, pelotaris de origen latinoamericano o alcaldes de cualquiera de estos orígenes. En Europa ya es una realidad. El actual alcalde de Londres es de origen musulmán, la alcaldesa de París es de origen español, al igual que el anterior primer ministro francés y si nos fijamos en las selecciones nacionales de fútbol de Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra, etc. vemos que la mayoría de sus integrantes pertenecen a familias de origen multiétnico. Que la integración es un reto para la sociedad moderna nos lo pone de manifiesto que en diversos países europeos y en grandes capitales de nuestro espacio comunitario siguen existiendo múltiples problemas de integración, como muestran los guetos que subsisten en las barriadas periféricas de muchas grandes ciudades

Actualmente prima el cortoplacismo asistencial que cumple su misión de acogida, pero no ayuda a la inserción. Esta queda en manos o de la improvisación personal o de los servicios asistenciales de carácter privado como Fundación Sarea de Caritas, Gureak, Emaús, Peñascal, etc. …que asumen una función supletoria de la administración y con un elevado coste que en parte subvencionan los programas sociales de la Administración. Advertimos sobre este hecho ya que el papel de los emigrantes va ir siendo cada vez más decisivo en nuestra sociedad. La inserción como proyecto y objetivo no forma parte de las políticas públicas migratorias.

A causa del descenso de natalidad y de los movimientos migratorios es obvio que dentro de unos años el País Vasco puede transformarse en una sociedad multicultural mucho más contrastada que la actual, entre otras cosas, por la necesidad de cubrir puestos de trabajo cualificados o no, para el desarrollo de nuestra industria y servicios, sin olvidar los trabajos que las personas nativas no quieren o no pueden realizar, como es el servicio de atención a los mayores y el doméstico. En medio de este escenario en la actualidad Gipuzkoa y el País Vasco no contienen la diversidad que existe en otras zonas tanto españolas como europeas.

Pero nos preocupa la reacción de nuestra sociedad ante esa evolución. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro el País Vasco se convierta en una zona con fuertes tendencias xenófobas?  ¿Existe la posibilidad de que dentro de unos años tengamos en Euskadi un dirigente que diga, EUSKALHERRIA LEHEN?  ¿O se repita lo que está pasando en cada vez más zonas europeas a base de fuertes movimientos exclusivistas de extrema derecha?

A estas preguntas, los datos del Observatorio Ikuspegi sobre emigración de septiembre de 2018 indican una actitud más abierta de la sociedad vasca hacia la recepción de los emigrantes. El rechazo se limita al 1,8% de los encuestados y un 67% admite que la emigración es ya un problema estructural que habrá que atender. Como nota positiva el informe indica que un 70,6% de los vascos es favorable a permitir la entrada de emigrantes con contrato laboral o cumpliendo los requisitos legales.

Hay una visión cada vez más clara de que necesitamos a personas que mantengan la demografía, pero tiene un gran inconveniente, la nueva inmigración no tiene nada que ver con las anteriores. Hoy se mueven ingentes cantidades de personas de cultura diferente, de religión diferente y además sin ninguna preparación, en una sociedad más necesitada de educación. Se suma el temor a perder nuestra propia identidad, tan en alza, pero nada comprometida. Tal vez va a ser necesario crecer con unas tasas determinadas de población inmigrante, haciendo lo indecible para su integración en nuestro sistema cultural y económico, con muchas dosis de formación profesional en todos los ámbitos de la economía y de los servicios sociales. Formación que deberíamos ayudar en su desarrollo también en los países de origen de los inmigrantes.

No se trata de tolerar o asimilar, sino de integrar al emigrante en una sociedad que se supone cohesionada y conteniendo unos valores culturales y democráticos al servicio de todos. Nos topamos con el desafío moderno de la multiculturalidad que se plantea como un reto frente a la mal interpretada identidad. La identidad se manifiesta en diálogo con los otros a lo largo de toda la vida.

Adoptar la perspectiva del multiculturalismo como propuesta de integración política exige no sólo una reconceptualización de la esfera pública, sino demanda también un giro en las políticas relacionadas con la ciudadanía y los derechos. La práctica multicultural nos enriquece como seres morales, pero esta práctica siempre debe realizarse desde una posición particular y con un buen anclaje en las raíces propias, ya que sin esta base fundamental es imposible construir nuevos espacios de corresponsabilidad, colaboración y solidaridad.[11]

En este punto nuestra pregunta es: ¿las Instituciones de gobierno y legislativas tienen establecidos planes y medios para la integración de dichos colectivos emigrantes?  No hablamos sólo de ayudas sociales, sino de la manera de hacer que los adultos y niños de estos colectivos aprendan euskera y castellano, adquieran una formación que les prepare para la inserción laboral y puedan integrarse en nuestra sociedad.

¿Qué hacer?

Nos hemos hecho una pregunta: ¿Cuál debiera ser la postura de la Bascongada 250 años después de su fundación ante este problema tan importante?

Dentro del espíritu audaz y de la visión de futuro que tuvo la Bascongada desde su inicio, nuestra propuesta estaría próxima a las siguientes ideas:

Apoyo decidido a la acción humanitaria de acogida de inmigrantes en colaboración con la Unión Europea y las autoridades de cada país.

Ante las limitaciones a corto plazo para una política de crecimiento demográfico de renovación que Euskadi y Gipuzkoa necesitan, la única alternativa, es apostar por una inmigración regulada tanto en número como en capacidades, como ha sido hasta ahora habitual en los países europeos que afrontaron este problema hace décadas

Incorporar la integración como finalidad en el núcleo de las políticas públicas sociales y de gobernanza desde la Lehendakaritza y los Servicios Sociales de las Diputaciones y Ayuntamientos.

Proponer que se establezcan políticas y sistemas de Integración en nuestra sociedad desde la iniciativa pública en coordinación con las entidades asistenciales que se dedican a esta actividad, creándose de forma específica por parte de la Administración Vasca en su conjunto, las estructuras de atención necesarias para la Integración desde las diversas instituciones de gobierno.

Apoyar y proponer la realización de estudios sociales y campañas de concienciación con el fin de que se tomen medidas para evitar en lo posible el desarrollo de tendencias xenófobas en nuestra sociedad.

Abogamos por Planes de gobierno que promuevan la cohesión social y la solidaridad en Euskadi con los colectivos socialmente más desfavorecidos, respetando la diversidad de todas las personas y culturas y potenciando un contexto de interacción social positiva, asumiendo como realidad ineludible la multiculturalidad que constituirá en un próximo futuro una parte integrante de la sociedad vasca.

En Donostia-San Sebastián a 24 de noviembre de 2018.

Nota bibliográfica:

INE. Encuesta de Población Activa. Septiembre 2018

INE. Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) Segundo trimestre de 2018. Septiembre 2018.

Servicio Vasco de Empleo, Lanbide: «Situación del Mercado de Trabajo de las personas jóvenes en la CAE».28 de agosto 2018

Ikuspegi. Observatorio sobre la Inmigración. Barómetro 2018. Septiembre 2018.

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo: «Las perspectivas de futuro de los jóvenes españoles». Belén Barreiro. Fundación Europea de Estudios Progresistas. Septiembre 2018.

V Plan de actuación en el ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020 (Estrategia vasca por la Inmigración). Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Julio 2018

Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. Juan Antonio Horrach Miralles. Universidad de las Islas Baleares. Factótum, Revista de Filosofía,nº 6.2009.

El saber del ciudadano. Las nociones capitales de democracia. Aurelio Arteta, Madrid. Alianza,2008.

Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Adela Cortina, Madrid. Alianza,1997

Ensayos de la Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais. Vitoria. Editor Thomas de Robles. 1768.Edición de la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 1985.

Panorama demográfico de Euskadi. EUSTAT. Junio 2018.

Encuesta de Población en Relación con la Actividad. EUSTAT.2º Trimestre 2018. 

Encuestas de coyuntura. COYUNTURA ECONÓMICA DE GIPUZKOA. Adegi. Octubre 2018.

Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-19. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. OIT. Ginebra. 30 noviembre 2017.

V Plan de Actuación en el Ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020. Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Septiembre 2018.

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