Una reflexión sobre nuestro Estado del Bienestar.

Reforzar la ciudadanía

¿Qué Estado del Bienestar queremos y podemos?

Índice del II Informe.

Prologo. Presentación.

Introducción.

¿Qué Estado del Bienestar queremos, podemos, o necesitamos?

2.- ¿Dónde estamos?

3.- El rumbo que se necesita.

  • Conclusiones.

-. Punto primero: Educación para….

1.- Educación para una sociedad más justa.

2.- Educación para una sociedad en transformación permanente.

3.- Educación para entender y usar la tecnología.

4.- Para una juventud capacitada, socialmente integrada y protagonista del futuro.

-. Punto segundo: La salud como servicio del Estado del Bienestar.

1.- El servicio de Salud adecuado a las personas y a los tiempos.

2.- La organización necesaria y la toma de conciencia del paciente.

-. Punto tercero: Los Servicios Sociales del Estado del Bienestar

1.- Los servicios sociales un componente solidario esencial.

2.- El envejecimiento de nuestra sociedad es ya un hecho.

3.- Pobreza, desigualdad y exclusión social siguen en nuestra sociedad.

4.- Una Administración pública armazón del bienestar social.

-. Punto cuarto: Recuperar el espíritu del Estado Social.

1.- EL Estado del Bienestar una condición de la ciudadanía.

2.- Opciones de cambio social, político y económico.

¿Qué Estado del Bienestar queremos y podemos?

Prólogo. Presentación.

Una vez concluida la redacción y presentación pública a la Asamblea de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, a las Instituciones Políticas y Administrativas y a los medios de comunicación del I Informe del Observatorio sobre aspectos relevantes del contexto social de Gipuzkoa, la Secretaria de laComisión de Gipuzkoa por indicación del Presidente,abrió la Convocatoria para el debate y redacción del II Informe a realizar en el año 2019.

El documento que se presenta es fruto de larga reflexión y debate entre un equipo de Amigos de la Bascongada de la Comisión de Gipuzkoa que se ofreció a colaborar y aportar con sus ideas los contenidos del nuevo Informe del Observatorio. Continuamos con nuestro iniciado empeño en aportar ideas y propuestas para reforzar la ciudadanía como medio para una sociedad más justa, igualitaria, y plenamente desarrollada. El objeto de las reuniones ha consistido en realizar un examen del denominado Estado del Bienestar tal y como lo percibimos y disfrutamos en nuestro entorno social directo.

Nuestra preocupación es la sociedad guipuzcoana. Por más que el análisis que realizamos parezca referirse a un ámbito más general el escenario en el que nos vemos es nuestro inmediato contexto social guipuzcoano. Una de las características de nuestro tiempo es precisamente que los problemas son globales y tienen una afectación universal. Particularmente el bienestar ciudadano es un objetivo global y de una manera o de otra y en circunstancias particulares es un objetivo que nos afecta a todos. No somos tan distintos como seres humanos y nos afecta el mismo compromiso con el reforzamiento de la ciudadanía.

El documento final es una obra colectiva, síntesis consensuada de los trabajos presentados por los amigos que componen el equipo redactor cuyos textos definitivos quedan depositados en la Comisión de Gipuzkoa para quien desee consultarlos e informarse más ampliamente.

El equipo redactor ha estado formado por: Jorge Ascasibar Zubizarreta, Elena Basagoitia Kildal, Luis Elícegui Mendizábal, Santi Merino Hernández, Xabier Obeso Etxeberria, Aitor Oyarzabal Zabalegui, Asunción Urzainki Mikeleiz, Enrique Samaniego Arrillaga, Julián Serrano Martín, Manuel Solorzano. Coordinador Francisco Xabier Albistur Marin. Organización y Secretaría Harbil Etxaniz Ibarbia.

Una vez más reiteramos que este nuevo Informe es expresión de una decidida voluntad de situar a la Bascongada donde siempre debe estar, por razón de su naturaleza y de la calidad de los miembros que la componen; en los asuntos que interesan a la sociedad en la que se integra, observarlos, analizarlos y proponer ideas que contribuyan bien a su solución o bien a su impulso. Pero también quiere ser un reto interno, para mediante las propuestas y el debate trasparente, proporcionar la oportunidad de extraer y comunicar el rico acerbo de conocimientos y reflexiones que encierran los Amigos de la Bascongada, en servicio de nuestra sociedad. Es decir, dar voz al pensamiento, opiniones e iniciativa intelectual con la que servir a su País, de todos aquellos Amigos que se acercaron con la ilusión de encontrar un lugar de ilustración compartida, contraste sereno de ideas y expresión libre y creativa.

Introducción.

1.- ¿Qué Estado del Bienestar queremos, podemos, o necesitamos?

Esta es la pregunta que debemos hacernos todos los ciudadanos y que las Instituciones públicas deben incluir en sus objetivos de gestión política y presupuestaria. Toda Administración Pública tiene el deber de calcular y programar los costes sociales y económicos que precisan los servicios para el bienestar de sus ciudadanos y de garantizar los recursos para sufragarlos. Los ciudadanos mediante los impuestos que son una responsabilidad ineludible debemos contribuir a los planes públicos. En consecuencia, entendemos por Estado del Bienestar, el conjunto de principios teóricos convenidos e instrumentos sociales y económicos dispuestos en políticas públicas que actúan en la llamada calidad de vida de las personas y que dan lugar a la satisfacción humana individual o colectiva y social.

El objetivo que este grupo de trabajo se ha propuesto es una acción positiva, «examinar nuestro estado de bienestar», no una especulación sobre su existencia, sus fundamentos y factibilidad teórica en la sociedad actual. Disfrutamos como ciudadanos de unas políticas públicas que se destinan al conjunto de los ciudadanos y que fundamentan un sistema público de reconocimiento de derechos, del que deriva la cobertura de necesidades fundamentales y el proporcionar oportunidades que se aplican al conjunto de los ciudadanos.

Corresponde a los poderes públicos de manera directa o mediante delegación, asumir la responsabilidad universal del bienestar social y económico de sus ciudadanos y a estos a disfrutarlo como un derecho propio de su condición, pero también les corresponde la responsabilidad de contribuir a su sostenimiento y consolidación, responsabilidad entendida como reconocer y responder a las propias inquietudes y las demás personas.

Desde la posición ciudadana, una generación hemos visto incorporar y evolucionar en nuestras vidas estas políticas, servicios y oportunidades que han supuesto trascendentales transformaciones sociales y elevadas calidades de vida, mientras que otra generación ha crecido con ellos como parte integral de su vida cotidiana. Esto nos lleva a manifestar que no siempre hemos estado en la actual situación y que para las personas que han nacido en ella no hay seguridad de que la mantengan ni certeza de su evolución positiva. Por ese motivo todas las generaciones que hemos vivido su progresivo crecimiento y su extensión a todas las capas sociales no podemos por responsabilidad y solidaridad, eludir el papel que los ciudadanos deben asumir en sus costes y su desarrollo.

Así pues, partimos del reconocimiento del Estado del Bienestar como una responsabilidad pública y también ciudadana. Esa responsabilidad está hoy dirigida a asegurar:

1.- Los llamados bienes sociales primarios[1]: las oportunidades de  una educación, una asistencia sanitaria y el acceso viable a una vivienda que nos preparen para la vida digna en sociedad, además de  la garantía de un empleo y unos ingresos con los que adquirir un patrimonio mínimo para consolidar la interacción social, además del acceso universal al conocimiento y a los bienes culturales acumulados .

2.- Estos bienes sociales primarios constituyen un derecho colectivo, cuyo titular es la sociedad, la colectividad, el conjunto de personas que cede este derecho para que se ejerza a través de las Administraciones: el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos. Requieren dotaciones presupuestarias y se implementan desde la voluntad política de los dirigentes y parlamentos.

3.- los derechos y libertades básicas posibles para todas las personas que integran de la sociedad, como son la libertad de expresión, de asociación o de pensamiento.

4.- la igualdad. Algún grado de desigualdad económica y social es inevitable, pero tolerable solo en la medida en que funcionen los controles sociales públicos en favor del mayor beneficio posible para las personas más desaventajadas de la sociedad y siempre con la condición de garantizar la igualdad de oportunidades.

5.-Si estamos de acuerdo en que estos elementos estructuran el denominado Estado del Bienestar debemos dar paso al análisis de cómo funcionan en el nuestro. En concreto si se cumplen los siguientes elementos determinantes:

  1. Priorizar las políticas que fomentan y garantizan la igualdad de oportunidades. El sistema social debe buscar premiar el esfuerzo, reconociendo y propiciando que las mismas oportunidades de alcanzar el éxito deben tener una aplicación universal. Se requiere de políticas que neutralicen las desventajas que aparecen desde el momento de nacer, de tal forma que sean el talento y el esfuerzo los que determinen nuestro destino.
  2. Estas políticas no sólo deben ser justas, equitativas, sino también eficientes en el impulso de la inserción social y laboral para evitar la pérdida de talento por causa de la marginalidad o la carencia de oportunidades:
  3. La educación: el sistema educativo debiera ser el principal instrumento de ascenso y movilidad social. Además de dispensar las mismas oportunidades a todos los jóvenes según su grado de elección de estudios debiera también disponer de los instrumentos adecuados para una conexión real y cierta con los oferentes de empleo públicos y privados.
  4. La sanidad: un buen sistema sanitario con garantías suficientes para ocuparse de la enfermedad puntual, la salud laboral, la prevención y atención de enfermedades crónicas.
  5. Políticas de garantía de acceso a la vivienda actuando contra las distorsiones del mercado provocadas por la especulación.
  6. Políticas asistenciales para individuos y colectivos con todo tipo de discapacidad y dependencia.
  7. Políticas contra la pobreza, la precariedad y la desigualdad, destinadas a garantizar un entorno familiar seguro excluido de la marginalidad y la pobreza, así como medidas regulatorias que fomenten un mercado laboral justo.

2.- ¿Dónde estamos?

Frente a este escenario de objetivos ideales, nos encontramos que la complejidad y perturbaciones económicas surgidas en nuestra sociedad durante la crisis no se han visto amortiguadas en la llamada etapa de salida o de recuperación. Más bien se ha planteado una situación de agravamiento y deterioro de las condiciones del estado de bienestar sin soluciones en apariencia eficaces. Destacamos algunos hechos actuales que contradicen los objetivos o aspiraciones de un estado de bienestar.

  1. Diversos estudios sobre las secuelas sociales de la crisis económica sufrida y las medidas políticas adoptadas señalan que tres de cada cuatro ciudadanos encuestados consideran que como consecuencia de la brecha económica provocada por la crisis y no cubierta con la recuperación, la situación financiera e inclusión social de la juventud actual será peor que la de sus padres.[2]
  2. Aumenta la inseguridad económica de la clase media como consecuencia del desempleo (incidencia de la tecnología, desaparición de la industria y la exigencia de nueva capacitación en el empleo). Se ha incrementado el riesgo de entrar en el umbral de la pobreza y precarizar la situación económica familiar. La suma de estos factores ha destruido la esperanza de las familias de clase media sobre las oportunidades de sus hijos.[3]
  3. Las investigaciones sociológicas enfatizan una nueva consecuencia introducida por la crisis: la persistencia del desempleo de larga duración y de la pobreza derivada. Ambos se cronifican, la reincidencia en el paro es la norma y no la reincorporación laboral.[4]
  4. Aparece un nuevo riesgo de ruptura social ocasionada por la factibilidad de que las carencias originadas por la crisis se trasladen a nuevas generaciones. Se comprueba la alta correlación entre las rentas de padres e hijos que deviene en una menor movilidad social de los estratos de bajo nivel socioeconómico. Si la falta de recursos económicos pasa de ser un accidente en la vida a persistir en el tiempo, se convierte entonces en una manifestación de profunda desigualdad e injusticia social.[5]
  5. Pese a todos los avances sociales parece que crecer en un hogar pobre aumenta las posibilidades de ser pobre también en la edad adulta. El bienestar de la juventud depende cada vez más de la renta y la riqueza de sus antecesores que de sus propios esfuerzos. En este contexto, no debe extrañar que muchas personas adultas y jóvenes puedan empezar a perder la esperanza en la utilidad del Estado de bienestar.
  6. El pesimismo sobre el futuro de las nuevas generaciones revela que el enquistamiento del riesgo de pobreza en las familias jóvenes y el frenazo del ascensor social se perciban como elementos que intensifiquen los riesgos de crisis sociales en el futuro. Implicar a las generaciones más jóvenes en el desarrollo del Estado de Bienestar exige romper esta inercia construyendo un modelo de Estado de Bienestar universal con redes fuertes de protección social para las familias y los jóvenes, que garanticen el acceso a los servicios esenciales básicos y a los derechos y libertades.
  7. En Euskadi, los estudios sociológicos y estadísticas institucionales nos indican que, pese a nuestra confortabilidad social, la población que dispone de ingresos inferiores al 60% de la media aumentó un 10,2% entre 2008 y 2016. Asimismo, el número de personas con problemas de impago asociados a la vivienda se duplicó en ese mismo periodo, hasta alcanzar las 135.516 personas (6,5% de la población). El aumento de la desigualdad refleja a su vez el perfil y tipo de recuperación del mercado laboral iniciado a partir de 2015. Los estudios añaden que, a pesar de mejorar las tasas de empleo, «para amplios colectivos y grupos de población se mantienen los  niveles salariales reducidos, jornadas parciales y una excesiva precariedad».[6]
  8. Según la OCDE los ciudadanos perciben esta disparidad concluyendo que el sistema económico actual es “injusto” y que la clase media no se beneficia del crecimiento de la misma manera con la que contribuye. La OCDE también señala que el coste de la vida va en aumento para la clase media, porque gastos como el de la vivienda (compra o alquiler) crecen más rápido que los ingresos y la inflación. “Más de uno de cada cinco hogares gasta más de lo que gana”, revela el estudio al citar el endeudamiento.[7]

3.- El rumbo que se necesita.

Aunque abundan las informaciones económicas positivas y la excelente posición comparativa en los indicadores sociales y económicos de Euskadi, y de Gipuzkoa en particular, con el resto de Comunidades Autónomas u otras Regiones Europeas, sin embargo, las consecuencias de la crisis han dejado entre nuestros ciudadanos un sustrato de duda sobre la posibilidad de una convivencia segura entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado. El capitalismo ya no funciona en beneficio de todos. Hay un consenso amplio sobre esta realidad. El capitalismo no se distribuye equitativamente entre los cuatro actores principales: accionistas y altos directivos (dividendos y sueldos), trabajadores (salarios), comunidades locales (empleo) y Estado (impuestos).

 Los mercados son socialmente ineficientes para garantizar un empleo. El sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, reduciendo la pobreza y desigualdad, no lo consigue. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico). De esta situación se deriva una doble crisis: crisis de la democracia representativa y crisis del concepto de ciudadanía.

¿Cuál es la razón por la que la mayoría de los ciudadanos, seguimos apoyando la continuidad del modelo de sociedad que no nos gusta? Creemos que la razón principal es el miedo al cambio.

Pongamos en marcha nuestra creatividad y desde nuestra experiencia, tenemos que aguzar el ingenio para proponer caminos nuevos de crecimiento. Si queremos conseguir algo que nunca hemos tenido, tendremos que hacer algo que nunca hemos hecho

Por eso como alentadores del cambio personal y colectivo en nuestros modos de vida, propugnamos una sociedad que prime los valores, tales como la empatía, la tolerancia y la honestidad. La empatía para que podamos sentir el sentir y dolor ajeno como propios. La tolerancia para que veamos como iguales a quienes no lo son, admitiendo la diversidad de opinión, de cultura y de forma de pensar. La honestidad, para que, tras la reflexión, actuemos como nos dicte nuestra conciencia y no sólo porque lo diga la ley.

Todo esto requiere de un cambio de modelo social, un cambio profundo, una transformación de raíz que pasa indefectiblemente por la educación y la enseñanza. Una educación apropiada y crítica, que ponga en cuestión la presión de la sociedad de consumo que nos arrastra a desear cosas que no valen ni con mucho el esfuerzo y coste que nos exige su adquisición.   Un sistema educativo que prime los valores éticos paralelamente a los académicos, donde ser buena persona sea tan importante como el curriculum académico. Donde las humanidades, acompañen inexcusablemente al aprendizaje de las tecnologías. Añadamos que fomentar el librepensamiento frente al dogma, hará ciudadanos más libres y honestos.

No se puede hablar de Estado del Bienestar de forma aislada para un determinado colectivo o grupo social y menos territorial. No podemos vanagloriarnos de nuestra favorable posición relativa en las estadísticas. Las interacciones e influencias son cada vez más fuertes y se incrementa la interdependencia. Nadie se puede considerar rico y emancipado rodeado de pobreza o desigualdad. Ni una sociedad será avanzada culturalmente con tasas de fracaso escolar que afectan a la cuarta parte de sus jóvenes. Aunque no nos afecte directamente siempre será cierto que, si mis vecinos están mal, mi estado convivencial está afectado. El Estado del Bienestar exige conciencia clara de la situación social y altas tasas de solidaridad que no se enseñan en las escuelas.

Parece evidente una apelación a la responsabilidad pública y privada llamadas a colaborar estrechamente mediante el reforzamiento de los principios ciudadanos de solidaridad e igualdad. No nos equivoquemos, el bienestar de los ciudadanos pasa por una rehumanización de la vida política, social y económica en donde primen los valores cívicos y el reconocimiento recíproco entre el poder y la persona, y entre los ciudadanos, de derechos y deberes ineludibles.  

El futuro del Estado del Bienestar que queremos disfruten todos los ciudadanos debe basarse en un Estado activo, con gobiernos eficaces y responsables, proponentes de políticas públicas que garanticen la protección a la persona y a la familia además de su desarrollo en una convivencia compleja. Se hacenecesario un sistema que mejore no sólo la redistribución de las rentas públicas (impuestos y gastos sociales). Un sistema de impuestos y de protección social con capacidad para aproximar el gasto social al nivel existente en los países europeos y reducir las brechas ciudadanas en acceso igualitario a servicios sociales universales básicos. También la distribución equitativa de los beneficios (salarios, empleo e inversión) y la predistribución (formación y capacitación de los trabajadores), tanto antes de entrar en el mercado de trabajo como durante su vida activa, para alcanzar mayor productividad y mejores salarios.[8] Pero también se precisan ciudadanos responsables preocupados y ocupados en una solidaridad que combate cualquier interés individualista que pueda dañar el interés y bienestar colectivo.

Al concluir este trabajo conocemos una noticia que confirma lo acertado del objeto de este segundo informe del Observatorio. El termino Estado del Bienestar figura entre las 14 palabras relevantes escogidas por la Real Academia Española[9] para definir el año 2019 y explicar los acontecimientos y tendencias de este año, en base a las consultas ciudadanas realizadas en el Diccionario on line de la lengua española.

El término Estado del Bienestar precisado por la RAE como la máxima garantía de la igualdad de oportunidades ha sido la palabra más buscada por los ciudadanos en las consultas realizadas en 2019. El motivo según la institución académica reside en la preocupación ciudadana por el futuro. Preocupación que compartimos.

Añade, además, la palabra confianza, que la RAE constata y propone debido a «la incertidumbre, la política, la corrupción o el Brexit, que ponen a prueba la confianza del ciudadano en las instituciones que tradicionalmente cuidan y protegen derechos y libertades». En reforzar esa confianza ciudadana estamos.

Conclusiones.

Punto primero: Educación para…

1.Educación para una sociedad más justa.

La educación no es solo un curriculum de materias y títulos, ni una actividad parental restringida a la vida del hogar. La educación se está convirtiendo en una función para toda la duración de la vida humana y en cualquier circunstancia en la que esta se desenvuelva.

Entendemos la educación como un sistema permanente que respalde una sociedad donde se primen los valores esenciales que desarrollan a la persona, tales, entre otros, como la empatía, la tolerancia, la honestidad y la capacidad de discernir entre lo necesario para nuestro bienestar individual y colectivo y lo accesorio y eludible. La empatía para superar nuestros propios intereses y conciliarlos con los ajenos y los de la comunidad. La tolerancia para que veamos a las otras personas como iguales, admitiendo la diversidad de opinión, de cultura y de forma de pensar. La honestidad como tipificación de la forma de vida y conducta personal, familiar y en sociedad. La capacidad de discernir los valores para obtener un suficiente y satisfactorio equilibrio vital, control de emociones y serenidad para superar el dolor y la dificultad.

Estas metas no dependen sólo de las instituciones que dirigen y gobiernan la sociedad sino principalmente de nosotros, la ciudadanía, pero requieren cambios de valores sociales que inicialmente deben ser asumidos por cada persona. La principal meta se encuentra indefectiblemente en lo que definimos como un sistema educativo general que comprende toda la vida de la persona humana y que se fundamenta en incluir y primar en el programa educativo los valores éticos. Es decir, plantear la educación en el hogar, en las relaciones sociales, en el sistema educativo, en el lugar de trabajo, como plataforma activa para construir una sociedad mejor.

Entendemos la educación como el mejor instrumento de inserción social no solo para niños y jóvenes, también para adultos y para reducir la exclusión social. Educar no es sólo enseñar temáticas diversas sino inculcar valores esenciales que favorezcan una sociedad más justa. La educación, la formación, sigue siendo clave para ser libres y tener acceso a oportunidades.

2.- Educación para una sociedad en transformación permanente.

Si de algo hemos tomado consciencia y certitud es de vivir en una sociedad que experimenta cambios permanentes inducidos por acciones propias o por influencias exteriores. El cambio es ya una característica de la sociedad moderna y por su medio se producen avances que afectan directamente a su bienestar.

Por esa razón y por la necesaria adecuación al cambio constante cada vez se habla más de formación permanente. El carácter de lo desconocido debe incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y tener la capacidad de afrontarlo. Como hecho positivo se constata que existe al menos una voluntad de adecuación, preparación y mejora en todos los ámbitos. En este sentido el Proyecto Ikasmina (Gipuzkoa, ikasten duen lurraldea. Gipuzkoa, un territorio que aprende) de la Diputación Foral de Gipuzkoa se plantea porque “está ampliamente constatado que una mejor formación y un aprendizaje continuado favorecen la empleabilidad de las personas”. La atención al cambio pide a su vez a la enseñanza principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado y lo incierto.

Este contexto, el caso guipuzcoano nos pone de manifiesto ciertos déficits que se deberían cubrir y superar.

  1. las empresas consideran que hay áreas de conocimientos relativos a las nuevas tecnologías y nivel de idiomas importantes que no están bien cubiertas por el sistema educativo y no se encuentran los conocimientos necesarios que se demandan en el mercado.
  2. En relación con las capacidades personales y laborales, las empresas consideran que el sistema educativo no proporciona lo que necesitan en cuanto a: capacidad de comunicación, trabajo en equipo, capacidad organizativa y de ejecución.
  3. Se minusvalora la importancia de los oficios para el desarrollo del país, priorizando la formación universitaria frente a la profesional. El mercado laboral necesita profesionales especializados y así lo demanda y precisa apoyarse en una formación profesional dirigida más hacia el ámbito laboral sin priorizar la teoría frente a la práctica manual evitando que muchas personas se descuelguen de estos nuevos planes de estudio, y por tanto del acceso al mundo laboral.
  4. Consideramos una propuesta educativa acertada los llamados Ciclos Formativos en los que se trabaja el conjunto de conocimientos, habilidades, formación práctica y actitudes que capacitan y preparan para el ejercicio cualificado de varias profesiones.

Las capacidades de cada persona empleada se han convertido en críticas en una carrera profesional. La irrupción y avance de las nuevas tecnologías, han hecho que la formación en redes sociales o marketing online, idiomas o comercio electrónico se han convertido en habilidades requeridas por las empresas y la propia administración.

Esta evidencia actual, implica que la persona debe ser más consciente de los cambios de tendencia en su profesión y de la necesidad de adecuar la formación y las habilidades adquiridas, pues los conocimientos evolucionan y precisan adecuarse a ellos. Lo que diferencia al profesional es su formación y mantenerse en aprendizaje permanente para hacerse indispensable en cualquier profesión.

3.- Educación para entender y usar la tecnología.

En nuestra observación sobre el cambio educacional, apreciamos que es interesante incorporar la reflexión sobre el conocimiento, regulación y uso de la inteligencia artificial. La visión dramática de destructora de empleo debe ser reemplazada por la aparición de una oportunidad. Ahora sí, demanda como hemos indicado la adecuación de las capacidades y habilidades profesionales y de la formación, por parte de las universidades y empresas, a las nuevas condiciones de la tecnología que incluye la inteligencia artificial y sus aplicaciones.

Se requiere no sólo dominio de las técnicas de digitalización y de comunicación por internet sino del dominio del software con múltiples interacciones y aplicación interdisciplinar pues sus consecuencias afectarán a nuevos tratamientos y aproximaciones sin duda más fáciles y de mayor utilidad universales a la salud, educación, la cultura, la información, la producción, el comercio, las funciones administrativas. En definitiva, mejor servicio al ciudadano y facilitar su vida.

Entre las oportunidades debemos reseñar la contribución al equilibrio territorial, al disponer de unos servicios y un nivel tecnológico avanzado, en el medio rural similar al del medio urbano y con ello, favorecer el mantenimiento de la población, hacer atractivas y competitivas estas zonas y sus actividades económicas impulsando la competitividad económica y la innovación en el mundo rural.

4.- Para una juventud capacitada, socialmente integrada y protagonista del futuro.

Hoy en nuestra sociedad es un riesgo y una posibilidad a veces ineludible quedar fuera del sistema, en situaciones denominadas de “exclusión social”.  Ese riesgo no es ajeno a nuestra sociedad en la que, sus jóvenes tienen una mayor cualificación, en comparación con generaciones anteriores, porque vivieron en una etapa de igualdad en acceso en la Educación, sobre todo al estamento universitario.

Este grado de cualificación no se ha visto correspondido con una inserción laboral relacionada con su grado de cualificación. Este riesgo genera una brecha entre generaciones y avoca a los jóvenes a trabajar en condiciones de contratación de bajos salarios, temporalidad o en sectores para los que no fueron formados. Su empleo no corrige la precariedad ya que no les permite una inclusión social comparable a las de las generaciones precedentes provocando la posible exclusión, y la fuga de cerebros al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y de vida personal, con lo que esto supone de pérdida de talento en el país.

Visto el serio problema social ante el que nos encontramos, creemos que es necesario articular una serie de medidas encaminadas a solucionarlo o cuanto menos mitigarlo.

  1. Entendemos que en la actual situación económica corresponde intensificar por los órganos competentes el control e inspección del cumplimiento de la regulación laboral en las condiciones de contratación particularmente salario, jornada y temporalidad impuesta. Se hace necesario corregir la nueva cultura de determinados empleadores públicos y privados, favorecida porque la flexibilidad laboral no está asentada en el país y por el miedo al compromiso, de eludir contratar por tiempo indefinido para actividades que son indefinidas.
  2. Consideramos ineludible un compromiso en pro del fomento del empleo juvenil no precario, entre los agentes sociales y la administración en el que se determinen las condiciones de su seguimiento y cumplimiento.
  3. La importancia del problema de hacer frente a la precariedad, se encuentra en los futuros efectos negativos que pueden derivarse sobre la economía vasca, en particular la necesidad de proporcionar oportunidades de vida digna, adecuada a los tiempos de progreso tecnológico y la mejora del bienestar social de las nuevas generaciones.
  4. Seamos conscientes que fracasaremos como país si no se ofrece a la juventud que accede a un empleo, unas condiciones laborales adecuadas y trayectorias que les permitan crecer en la empresa como trabajadores con proyección, como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, a los que se están marchando para salvarse de la precariedad y viendo que no se corrige optan por no volver. Sepamos que estamos perdiendo un importante capital humano para el futuro, que además es ya escaso por la trayectoria demográfica de nuestro país, si se actúa de modo poco arriesgado, cortoplacista carente de visión de futuro.
  5. Sin embargo, la racionalidad se abre paso. Se ha dicho desde los responsables de la economía y del empleo que, para atraer y retener el empleo juvenil cualificado, hace falta que el atractivo de las firmas y del entorno sea el mayor posible. Ante las condiciones económicas que se ofrecen a nuestros profesionales en otros países que son más elevadas, se debe competir con otros factores como las condiciones de vida, el poder adquisitivo. Desde esta posición se emplaza a las empresas a realizar contratos indefinidos, de forma que la temporalidad no suponga un factor que vaya en contra de la retención del talento del territorio.
  6.  Paralelamente dentro de las medidas para evitar la precariedad, no se pueden eludir las políticas más decididas en el ámbito de la vivienda, especialmente en lo que se refiere a la oferta de vivienda pública y otras medidas o alternativas públicas destinadas a paliar los elevados costes de adquisición y de alquiler.
  7. Diversos estudios confirman que la cualificación de los jóvenes en Euskadi y Gipuzkoa es adecuada para la demanda del sector público y privado actual. Este hecho plantea retos relacionados con el empleo y el desarrollo de competencias profesionales adaptadas a las necesidades del mercado. Uno de estos retos que debería ser analizado como objetivo social y económico, está relacionado con el elevado número de jubilaciones que se van a originar en la próxima década entre quienes forman parte de la generación del baby-boom. La consecuenciaserán oportunidades de empleo cualificado en el sector público y privado, que deberían complementarse con las políticas educativa e industrial-tecnológica para el desarrollo de competencias profesionales adaptadas a las necesidades del mercado.

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Punto segundo: La salud como servicio del Estado del Bienestar.

1.- El servicio de Salud adecuado a las personas y a los tiempos.

Aunque siempre ha sido así, los avances en materia de atención y servicios de salud no dejan de plantear de forma permanente la consideración de la renovación del quehacer médico, situándolo de forma precisa, en el lugar y en el entorno social de cada momento. Nos toca vivir una época, la nuestra, y debemos tener asumido el pasado, utilizar las innovaciones del presente y, lo que es más importante, tratar de poner las condiciones adecuadas para conseguir mejoras en el futuro.

Para un estado moderno de bienestar, la salud es uno de sus apartados más importantes y en relación con ella, se pretende conseguir un sistema sanitario universal. Con garantías suficientes en cuanto a la atención, medios y competencia, en definitiva, de calidad.

A su vez, el sentido humanista del médico y del personal sanitario y el comportamiento humanitario en su profesión, es una de las esencias de la Medicina. Si esto falla no hay buena medicina, por muy espectaculares que sean los resultados terapéuticos. El propósito debe ser valorar al ser humano como un conjunto, considerando todas las singularidades sociales, económicas, psíquicas y físicas de su condición humana.

La sociedad está en evolución constante, cada vez de forma más acelerada, debemos por tanto evitar el riesgo de que nos encuentre descolocados o desfasados. Los retos se proponen en el esfuerzo para estar constantemente al día, sentar las bases asistenciales para garantizar un futuro mejor, marcar las pautas de organización eficaz y no burocratizada, todo ello para lograr que cada tiempo presente supere al anterior.

Lo expuesto es aplicable a cualquiera de los cometidos de la sociedad en general, pero es una urgencia si nos ceñimos al área de la salud, más concretamente a la asistencia al paciente y a la relación médico/enfermo, incidiendo en el sentido y comportamiento humanitarios. Una de las esencias de la Medicina, lo cual ha contribuido, hasta épocas recientes, en el logro de una próxima y respetuosa relación médico/enfermo

2.- La organización necesaria y la toma de conciencia del paciente.

Curiosamente, en paralelo a la ampliación de la atención al paciente, la proliferación de ambulatorios, servicios de urgencias, hospitales, la mejora en medios y conocimientos, no ha servido para mejorar la relación médico enfermo.En el proceso organizativo entre centros, médicos y pacientes algo no se ha tenido en cuenta. Se ha dotado de medios sin la planificación y sin la motivación, adecuadas.

A su vez el envejecimiento de la población es causa de un mayor número de personas con enfermedades crónicas que traerá como consecuencia el cambio del modelo actual del Sistema Sanitario, pasando del Curar al Cuidar.

El futuro de la sanidad pública se ve comprometido por la necesaria reposición en medicina primaria, en especialidades, en cirugía, en personal de enfermería y servicios auxiliares.

La necesaria reforma de la organización sanitaria en lo que afecta a la atención sanitaria debe:

  1. renovar la atención primaria. Atención a la dotación, formación y motivación del servicio de enfermería cuya carga y complejidad de trabajo incrementa, pero no así el número de personas necesario, siendo una profesión referente en cuidados de salud a lo largo de toda la vida de una persona. Consideramos positivo toda solución destinada a corregir el exceso de contratos temporales dentro de los servicios de salud.
  2. atender con rigor que los equipos de sanitarios en su conjunto, estén bien formados cada cual en su especialidad y se encuentren plenamente motivados y con un alto grado de autoestima Consideramos positivo para la organización y motivación del personal, toda solución destinada a corregir el exceso de contratos temporales dentro de los servicios de salud.
  3. Desarrollar la robotización pues proporciona una medicina más resolutiva y eficaz, pero adaptando todo ese progreso a mejorar aún más la relación médico enfermo.
  4. Abordar la ineludible educación y orientación del usuario, ya que el mal uso o el abuso de los servicios es causa de muchos de los problemas organizativos y relacionales. Parece de significativa relevancia la orientación hacia actitudes responsables y cívicas en la conducta del paciente en relación al respeto y trato al personal sanitario, la utilización de las consultas y medios sanitarios que se ponen a su disposición ya que de su mal uso y abuso se derivan consecuencias que afectan a otros pacientes, a la organización y a costes innecesarios en el sistema de salud que también precisa para su sostenibilidad de la colaboración responsable ciudadana.
  5. Secundamos toda campaña de prevención de la salud como instrumento de la gestión eficaz de la sanidad pública. Todo esfuerzo de comunicación e información empleado en formación de conductas responsables, educación sanitaria y prevención, facilitará el trabajo del personal sanitario, abaratará costes y dará eficiencia a la organización de atención a la salud.

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Punto tercero: Los Servicios Sociales del Estado del Bienestar

1.- Los servicios sociales un componente solidario esencial.

Los servicios sociales benefician a toda la sociedad. Tienen efectos positivos sobre el bienestar de todos los ciudadanos, y además, constituyen una actividad económica importante. Constituyen un seguro colectivo contra una serie de riesgos. Todos los ciudadanos saben que si se producen las contingencias cubiertas por los servicios sociales (incapacidad, pobreza, etc.) ellos y sus familiares estarán cubiertos por el sector público.

El gasto en servicios sociales de las instituciones vascas está por encima de la media del Estado, e incluso por encima de la media de Europa, sin embargo, aún no están lo suficientemente desarrollados para llegar a los niveles de atención y cobertura considerados óptimos.

La Ley de Servicios Sociales del País Vasco establece un Sistema de Servicios Sociales de carácter universal. Establece las competencias del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos en relación a los servicios y prestaciones que cada institución tiene que prestar de forma obligatoria. La complejidad de la arquitectura institucional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hace que la provisión de los servicios y prestaciones establecidos en dicha Ley no sea homogénea, existiendo diferencias importantes tanto a nivel foral, como a nivel municipal, y poniendo en entredicho la efectividad del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Como consecuencia de ello, en demasiadas ocasiones, o bien no se ofrecen a las personas todos los servicios y/o prestaciones que necesitan, o bien se produce una duplicidad en servicios y/o prestaciones.

La Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), estableció como uno de sus objetivos la financiación por parte del estado de una parte importante de los servicios y prestaciones para personas dependientes. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis económica de los últimos años, no se han cumplido las previsiones iniciales de financiación de los servicios y prestaciones.

El futuro plantea ineludiblemente la sostenibilidad del sistema de servicios sociales. Consideramos que será necesario:

  1. Mejorar los servicios y prestaciones actuales para personas dependientes y discapacitadas, así como para personas en riesgo o situación de desprotección o exclusión.
  2. Incrementar y renovar la oferta de servicios y prestaciones para hacer frente a las necesidades derivadas del progresivo envejecimiento de la población.
  3. Fomentar los servicios de cercanía que posibiliten que las personas dependientes puedan contar con las ayudas necesarias para poder continuar en su casa. Ampliar el Servicio de Ayuda a Domicilio para que a las personas beneficiarias se les presten más horas y mejores servicios, incluyendo servicios domésticos, asistenciales y sanitarios.
  4. Reconsiderar el modelo de residencia que queremos para el futuro buscando un modelo que facilite la prestación de una atención centrada en la persona teniendo como referencia los modelos de atención a la dependencia de los países del norte de Europa que priorizan los apartamentos tutelados o apartamentos con servicios.
  5. En el ámbito de la desprotección y la exclusión, incluyendo menores de edad y víctimas de violencia de género es muy importante establecer un itinerario tutelado para cada persona, y será necesario un trabajo conjunto entre los distintos sistemas (servicios sociales, sanitarios, educación,) para conseguir su integración normalizada en la sociedad. El poder disponer de una vivienda y un trabajo son unas de las mayores garantías para ello.
  6. El sistema de servicios sociales tiene la obligación de atender a todas las personas menores en situación de desprotección, así como los menores no acompañados (MENAS) que están llegando cada vez en mayor número. Será necesario establecer itinerarios personalizados para que las personas menores puedan realizar una transición adecuada a la edad adulta sin caer en la exclusión.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, y dando por supuesto que no se va a producir una disminución en los servicios y prestaciones actuales, será necesario prever la financiación del gasto a realizar en el futuro.

2.- El envejecimiento de nuestra sociedad es ya un hecho.

El envejecimiento de la sociedad se debe, principalmente a dos factores, al aumento en la esperanza de vida, y a la reducción de la tasa de natalidad. La combinación de ambos factores tiene como consecuencias, un número cada vez mayor de personas jubiladas y longevas, y una disminución de las personas trabajadoras cotizando a la Seguridad Social.

Estamos ante un escenario en el que cada vez va a haber más pensionistas y menos personas cotizantes, el importe la pensión media se ha incrementado significativamente en los últimos años y son evidentes las dudas sobre la sostenibilidad del actual sistema de pensiones sin que se planteen soluciones socialmente aceptables.

En los últimos años se han implantado medidas técnicas con el objetivo de asegurar el próximo futuro del sistema de pensiones:

  1. Incremento en dos años de la edad de jubilación.
  2. Incremento paulatino del período de cotización necesario para cobrar el 100% de la base reguladora, de 35 a 38 años. El período transitorio finalizará en 2017.
  3. Incremento paulatino del período de cómputo para el cálculo de la base reguladora de 16 a 25 años
  4. Eliminación de la actualización automática de las pensiones en función del IPC.

También se proponen desde fuera del Sistema de Pensiones y del Pacto de Toledo soluciones que aumentan la edad de jubilación para poder mantener el sistema de pensiones en el futuro, incrementos mayores del periodo de computo de la base regulatoria y del periodo de cotización, fomento de los fondos privados de pensiones, incremento de la presión fiscal para financiar las pensiones.

Entendemos que también se pueden tomar medidas tendentes a incrementar las cotizaciones de las personas trabajadoras y los ingresos del sistema de pensiones que actualmente no destacan en el debate sobre su futuro, como pueden ser:

  1. Mejora del mercado laboral, en concreto, mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que posibiliten mayores cotizaciones y mayor tasa de ahorro personal. El incremento del salario mínimo interprofesional implica un incremento en las cotizaciones, y el incremento de los salarios permitiría, en muchos casos, un mayor ahorro personal que podría destinarse a planes de privados de pensiones.
  2. Incremento de la tasa de empleo, es decir, la relación entre la población en edad de trabajar y la población ocupada. Para ello, será necesario reducir la tasa de paro, e incentivar a la ciudadanía para que la mayoría de las personas en edad de trabajar, trabajen efectivamente.

Por último, es necesario señalar que el sistema de pensiones sigue siendo hoy en día competencia del Estado, aunque es una de las competencias del Gobierno Vasco que aún no ha sido transferida. En el caso de que la transferencia se materialice y se cree un Sistema Vasco de Pensiones, igualmente será necesario tomar medidas para la sostenibilidad futura del sistema.

3.- Pobreza, desigualdad y exclusión social siguen entre nosotros.

La formidable crisis padecida a lo largo de los últimos años ha derivado en un notable retroceso en materia de pobreza, desigualdad y de exclusión social, poniendo de relieve  las deficiencias de nuestro propio sistema de organización socio-política; ello obliga a  revisar los principios del llamado Estado o Sociedad del bienestar así como las políticas e instrumentos dedicados a superar estos desequilibrios  si pretendemos recuperar el camino perdido en el avance hacia la plena cohesión social; lo cierto es que, a partir de las estadísticas mas recientes,  observamos con preocupación como muchos de los indicadores relativos al Estado del bienestar  se alejan cada vez más de los correspondientes a  2008 -último año de abundancia- y tal como recuerda el VIII Informe Foessa “la experiencia de recesiones anteriores muestra que, sin una alta inversión en recursos sociales, los aumentos de la pobreza ocurridos en épocas de crisis pueden convertirse en estructurales e irreversibles en el corto plazo”.

Los datos ofrecidos por las encuestas no admiten discusión:  En líneas generales el riesgo de pobreza afectaba en 2008 a un colectivo de 121.875 personas (el 5,7 % de la población total);  en 2016, cuando comenzábamos  a creer en la salida de la crisis los indicadores difieren de los anteriores, si bien, parecen anunciar una cierta recuperación, 151.112 personas (7,1%); pero el desaliento se impone ante la situación de 2018 cuando los efectivos en riesgo de pobreza remontan hasta 172.307 personas (8,0%), con un comportamiento  comparable al de la desigualdad o  con respecto a quienes soportan carencias en materia de bienestar.

Con relación a la pobreza y desigualdad generadora de pobreza, ya no parece suficiente el establecimiento del umbral o límite de ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas; porque el bienestar y la calidad de vida de una persona tienen que ver no sólo con elementos de renta y posibilidades de consumo material, dependen también de su exclusión de lo que se supone son los estándares de una sociedad -ingresos, formación, participación social, lazos sociales-. Situación que tiene que ver con un estado de carencias, ya sea en materia de recursos económicos como sociales y culturales, condenando a las personas y hogares que lo padecen a una posición fuera o al margen del modo de vida considerado como aceptable en la sociedad en la que viven.  Pero la exclusión social no siempre se acompaña de situación de pobreza.

El hecho es que pobreza y exclusión constituyen el fracaso de los estados y/o sociedades del bienestar, en consecuencia  uno de los principales objetivos de cualquier intervención o estrategia no ha de orientarse tanto a atenuar o reducir las cifras de personas en situación de pobreza como de erradicar su presencia, tal como reza la propuesta  de la Estrategia EU 2020; se trata de un mandato de justicia social, de equidad, un deber tanto cívico como político  que atañe a todo el cuerpo social, obligando a tomar conciencia del problema y a asumir la corresponsabilidad en su solución.

 En términos comparativos, muchos de los indicadores relacionados con la pobreza y/o exclusión social, con los niveles de renta, desigualdad, empleo, o con los valores de consumo/privación otorgan a la CAE una posición favorable con respecto a la media del Estado y en tal sentido aparece ocupando una de las mejores posiciones de todas las comunidades autónomas. Pero esto, lejos de conducirnos a la auto complacencia debería ser un estímulo para poner en valor las actuaciones que han contribuido a situarnos en esta posición mientras reflexionamos sobre nuevas fórmulas de lucha contra la pobreza y los estados carenciales.

Porque la pobreza es una anomalía, una forma de violencia, estructural, de carácter dinámico y origen diverso, impuesta injustamente por el sistema económico y que atenta contra los derechos humanos, cívicos y políticos. Es al mismo tiempo un fracaso del Estado del bienestar, que coarta las libertades de la ciudadanía. La persona no elige ser pobre, es una víctima, consecuencia de una distribución desigual de los recursos generados en el sistema. Consecuentemente, toda la ciudadanía es corresponsable de las situaciones de pobreza y/o ausencia de bienestar y de su erradicación, en tal sentido es del común ciudadano del que debe partir la solución mediante la asunción responsable de diferentes medidas y estrategias, entre otras:

a. Un sistema impositivo equilibrado, a partir de una administración comprometida con un reparto justo de la riqueza

b. Perseguir el fraude fiscal de modo que pueda incrementarse el volumen de recursos a distribuir

c. Profundizar en la igualdad de oportunidades ante el trabajo, la educación y en el acceso a servicios culturales, sanidad, a la vivienda confortable, etc. Con atención especial a la población infantil y joven.

d. Desarrollar políticas de integración social, facilitando la regularización de la población inmigrante para que este colectivo pueda superar los obstáculos que impiden su acceso al trabajo, apoyando a las entidades y asociaciones dispuestas a colaborar en este campo. 

 e.  Fomentar valores ligados a la justicia social y a la solidaridad

f.  Profundizar en las políticas de empleo y de acceso a un trabajo digno, estable y bien remunerado como la mejor opción para superar las situaciones de pobreza y ausencia de bienestar. La educación en primer plano de la estrategia

g. Explorar la oportunidad de aplicar la Renta Básica Universal u otro tipo de instrumento como respuesta a los derechos económicos de la ciudadanía, frente a modelos ofrecidos como prestaciones o ayudas ante situaciones de necesidad

4.- Una Administración pública armazón del bienestar social.

La RAE define el Estado de Bienestar o del Bienestar como una Organización del Estado en la que este tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para las personas más desfavorecidas.

Existe, además, un consenso social que contempla el Estado de Bienestar como una responsabilidad pública de la Administración con la ciudadanía, conducente a asegurar los derechos y libertades básicas y la igualdad. Hay acuerdo también en priorizar las políticas públicas que fomenten y garanticen la igualdad de oportunidades, si bien estas políticas además de justas y equitativas, deben de estar garantizadas por la eficacia. Conseguir estos fines plantea una permanente reflexión y consideración sobre la renovación de la gestión de lo público en favor de atender y reforzar adecuadamente la ciudadanía.

Este objetivo nos lleva por una parte a aumentar la eficacia en la prestación de servicios y por otra generar conciencia, entre administración y ciudadanos, en relación con los costos y la eficacia de la producción de servicios, con el fin de estrechar los vínculos entre la asignación y la utilización de los mismos.

La responsabilidad pública, demanda la eficiencia del servicio, pero también transparencia y legitimidad. La tendencia actual, en la relación administración-ciudadano, plantea además la participación de los ciudadanos usuarios del servicio, en la planificación, en actividades de seguimiento y en la evaluación mismo.

El sector público se encuentra ante grandes cambios que afectan a su mentalidad, al funcionamiento de sus estructuras y a la gestión de las organizaciones. La nueva gestión pública se plantea confirmando que la Administración es el marco adecuado para adoptar decisiones que afectan a la comunidad. La sociedad actual no puede funcionar eficazmente sin un gobierno eficaz, con personas y sistemas eficaces. En consecuencia, se propone un nuevo estilo de gestión de lo público basado en:

  1. La legitimidad de la propia Administración Pública, además de por los votos por promocionar la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y la evaluación de la gestión pública por los resultados. Pasar de una «administración de potestades» a una «moderna empresa de servicios públicos».
  2. No se trata tanto de ofertar directamente servicios sino garantizarlos, facilitarlos, buscando la eficiencia en la asignación de recursos a través de una mejor adaptación de los servicios públicos a la realidad social.
  3. Evitar abiertamente el clientelismo y la politización del sistema de servicios públicos entre otras soluciones promoviendo la implicación de los empleados públicos, los sindicatos y los agentes sociales afectados en esta labor a través de diferentes instrumentos para la aceptación del control social y la evaluación de su eficiencia en el desempeño de sus tareas.

Finalmente manifestamos que no basta con describir qué estado de Bienestar queremos y las políticas públicas necesarias para alcanzarlo, sino también es ineludible informar y explicar públicamente, cómo y en qué se concretan esas políticas para estimular y conseguir la colaboración ciudadana más eficaz, para el Estado de Bienestar que propugnamos.

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Punto cuarto: Recuperar el espíritu del Estado Social

1.- EL Estado del Bienestar una condición de la ciudadanía.

Hemos reconocido que el Estado del Bienestar se define por la existencia de derechos sociales universales vinculados a la condición de ciudadanía. Supone el reconocimiento de todas las personas que viven en un espacio geográfico concreto como sujetos con derechos y deberes políticos y sociales. En un sistema democrático, el Estado del Bienestar pretende garantizar unos mínimos de ingresos, educación, sanidad y otros servicios sociales para el conjunto de los ciudadanos, factores todos ellos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

El aseguramiento por el Estado del Estado del Bienestar ha absorbido poco a poco espacios de economía privada para asumir después parcelas sociales como educación, sanidad y vivienda hasta convertirlo en el principal “empresario” en muchos países, lo que le permite ejercer de árbitro en la mayoría de los conflictos que pueden darse en una nación.

El predominio del libre mercado, la privatización de la economía, la exaltación de la flexibilidad y el desmantelamiento parcial del Estado del Bienestar se instalaron como las bases de la organización político-social y dieron paso al neoliberalismo, que ha promovido la desregulación radical de la economía financiera. Esta corriente anima la subordinación de la política social a la económica y genera desigualdades y diferencias.

El proceso de globalización económica crea un espacio, en el que nos encontramos, en el que el horizonte no es ya un capitalismo industrial y material, sino el de un capitalismo financiero e inmaterial difícil de controlar.

A la vista de estas nuevas circunstancias, los estados corren el riesgo de cambiar el sentido de su intervención, implicándose menos en políticas sociales y más en políticas de rentabilidad, financieras y productivas, de tal manera que la filosofía de intervención se acerca peligrosamente a la propia de un Estado liberal y mercantil, relegando el espíritu que tradicionalmente se ha atribuido al Estado Social; llegando a olvidarse de que una nación, para ser moderna, para ser democrática, ha de estar basada en la ciudadanía, porque todo lo demás, (renta, etnia y religión, sexo, lengua e ideología), separa, pero solo la ciudadanía reúne.

 Como consecuencia ha surgido la “sociedad del riesgo”, en un modelo que implica la subordinación de los mercados de trabajo a la inestabilidad congénita de los mercados financieros. De hecho, instalados en la segunda década del siglo XXI, el Estado del Bienestar ha sido objeto de numerosos quebrantamientos y en el caso europeo, por el papel que han venido jugando las llamadas políticas de austeridad acometidas desde el inicio de la Gran Recesión bajo el control de la temida troika (FMI. BCE. EU.). Unas políticas que han azotado con especial virulencia a los países del Sur de Europa, en forma de desempleo, bajada de salarios y creciente desigualdad.

2.- Opciones de cambio social, político y económico.

La principal consecuencia de estos cambios es que se ha abierto una brecha cada vez mayor entre los segmentos de la población más privilegiados y los más desfavorecidos, una brecha que tiene una dimensión económica evidente, pero también posee dimensiones adicionales que tienen que ver con las oportunidades de formación y acceso al conocimiento, el derecho a la protección social o a la representación política.

En estas circunstancias, vale la pena recordar que la inversión pública es un elemento de cambio cuando se trata de impulsar el crecimiento a largo plazo no solo porque estimula la inversión privada, sino porque la combinación de ambas, tiene mayores efectos de crecimiento positivo en ámbitos como la salud, la formación, las obras públicas, etc., tendentes a paliar la desigualdad.

Con el objeto de reducir la brecha creciente de la desigualdad se han planteado dos vías renovadoras que debaten la asignación de una Renta Universal, monetizada, o la Gratuidad de los servicios públicos a proporcionar por el Estado. El debate está en: Renta básica o gratuidad, ¿qué vale más la pena, dar dinero a los ciudadanos o proveerles de servicios gratuitos?

En relación a la Renta Básica universal los mejores proyectos se quedan a medio camino: por un lado, nada garantiza que las sumas asignadas sean utilizadas en productos de valor ecológico, social, democrático; por otro lado, el dispositivo mantiene a la sociedad dentro de una lógica de definición individual de las necesidades, en definitiva, de la sociedad de consumo.

Por su parte la Gratuidad que debemos defender, implica en primer lugar una implantación y evaluación económica pública transparente porque los impuestos la financian, si bien la gratuidad libera el servicio del precio, no del coste. En segundo lugar, una reforma cultural pues no se trata de prometer una libertad incontrolada de acceso a los bienes y servicios, sino de respaldarla con reglas.

No hay una definición científica, y mucho menos moralista, de lo que sería un buen o mal uso de los bienes públicos. El medio ambiente es uno de los bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o promover adecuadamente. Por lo tanto, dependerá de los ciudadanos, es decir, de los procesos políticos, definir lo que deberá ser gratuito, encarecido o incluso prohibido. Lejos de generar despilfarro, la gratuidad potencia el sentido de la responsabilidad a la hora del uso y aprovechamiento del medio ambiente.

Emancipadora, la gratuidad es un canto a “disfrutar más”. Se pueden formular mil reproches a la sociedad de consumo; no obstante, siempre logra seducir incitando a consumir todavía más. Romper con este “disfrute de tener” implica oponerle otro: “el de ser”.

En definitiva, se trata de opciones de cambio social, político y económico que potencian y consolidan el concepto, función y condición de ciudadano y ciudadanía.

En Donostia-San Sebastian a 31de diciembre de 2019.

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[1] John Rawls. A theory of justice. Cambridge (Massachusetts). Harvard University Press.2000.

[2] Pew Research Centre. Estudio sobre la clase media en España. Washington DC. 2018.

[3] Informe Davos España. Enero 2019. ¿Realidad o Ficción? La Recuperación económica, en manos de una minoría

   Pablo Tosco / Oxfam Intermón. Prólogo de Joaquín Estefanía.

4EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-2018. PAÍS VASCO AROPE 2018. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. EAPN.ES.

5ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES 2018 – MÓDULO EPDS-POBREZA. 18 de junio de 2019. Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. EAJ-GV.

6 Sous pression: la classe moyenne en perte de vitesse. Informe OCDE. abril 2019.

7 Citado en: Observatorio de la vivienda del Gobierno vasco 2018. Departamento de Medio Ambiente Planificación y Vivienda. EAJ-GV.

Antón Costas. Otro capitalismo es posible. El País. Negocios. 28 de diciembre de 2019

[8] Antón Costas. Otro capitalismo es posible. El País. Negocios. 28 de diciembre de 2019

9 Real Academia Española. Santiago Muñoz Machado, Director. Servicios de Lexicografía y Comunicación de la RAE. Madrid. 26 de diciembre 2019.

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