Útiles, eficientes y ahorradores: una nota para un nuevo gobierno.

La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA,  ha presentado por séptimo año consecutivo el  Estudio del  Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2014. El estudio destaca, el valor económico y el impacto energético que las energías renovables aportan en términos de: abaratamiento del mercado eléctrico, emisiones evitadas, balanza de pagos, empleo, tecnología, e I+D. (ver www.appa.es).

En APPA creemos en  el enorme potencial de «crecimiento verde»  y pretendemos una  UE  número uno del mundo en energías renovables como propone  el Presidente Junker. En nuestro caso disponemos de un territorio privilegiado en recursos renovables y con alto potencial para su desarrollo tecnológico e industrial que hemos debido aprovechar y fomentar.

Actualmente  el consumo energético se sitúa en su nivel más bajo desde  2003 .El mix energético no ha cambiado en el último año.  El Petróleo y el carbón aportan el 53% de la energía primaria, el gas el 20%, las energías renovables el 14,4%, y la nuclear el 12,6%. En cuanto a la energía final, la consumida, el petróleo y el carbón siguen suponiendo el 53% de la fuente de consumo, el gas natural el 17,6%, las energías renovables el 21,6% y la nuclear el 7,8%. Estos datos derivan en una conclusión, somos exageradamente dependientes de energías que no tenemos: España 73,4%  frente a la UE 53,2%.

Necesitamos más energías renovables y decisiones políticas inteligentes y previsoras en la línea de países desarrollados que han establecido estrategias energéticas fundadas en  modelos basados en tecnologías renovables. El objetivo es que las renovables sean la primera fuente de generación no sólo durante un año como ha ocurrido en 2014, sino durante todos los años venideros. Menos dependencia, menos contaminación, más desarrollo tecnológico, más empleos, más y nuevas industrias que la regulación obtusa impidió.

¿Son rentables las energías renovables? ¿Son beneficiosas en términos económicos para nuestra sociedad? Unos datos didácticos: en el año 2014 las energías renovables han generado costes en el sistema eléctrico por valor de 5.245 mill. € en concepto de primas por retribución. Han consolidado 70.750 puestos de trabajo. Han ahorrado costes al sistema eléctrico y a la economía general por valor de 15.899 mill. € (325 por menores emisiones + 7.105 por abaratamiento de la electricidad en el mercado diario + 8.469 por evitar importaciones de hidrocarburos).

En primer lugar han generado riqueza por valor de 7.387 mill. €, que son su contribución al PIB anual. Destaca en esta cifra además del valor de la producción, los 216 mill. € invertidos en I+D, 977 mill. €  aportados como impuestos y 2.316 mill. € de exportación neta de tecnología (compras – ventas). También, otros beneficios menos cuantificables como la reducir la dependencia energética, la seguridad en el suministro, la mejora de la calidad medioambiental y los efectos sobre el conocimiento y la experiencia tecnológica.

Pese a esta aportación positiva al sistema energético, a la reducción de costes para el consumidor y a la competitividad de la economía general, el sector de las energías renovables se encuentra inmerso en recursos judiciales porque arbitrariamente se han introducido fuertes ajustes económicos que han alterado las bases y fundamentos del régimen económico que le amparaba por ley y le amenaza una clara inseguridad jurídica de la retribución futura. Una tarea importante para un nuevo gobierno dispuesto a ajustar con realismo la economía española, cumplir con los compromisos energéticos contraídos en la UE y llevar una política coherente en la lucha con el cambio climático tiene la obligación política de cambiar esta tendencia de dialogo en los tribunales y centros de arbitraje internacional.

Los recursos jurídicos serán resueltos por jueces y tribunales no necesariamente con criterios económicos ni de política energética. Un nuevo gobierno debe ser conocedor de que tiene una herencia que empantana y hace cada vez menos competitivo al sector energético español. La Reforma  y sus nuevos instrumentos, no sólo han introducido fuertes ajustes económicos únicamente a las energías renovables, congelando el desarrollo del sector renovable, eliminando la actividad industrial que le acompañaba, ajustando las  condiciones  económicas hasta obligar a renegociar los programas financieros, pagar la producción con años de retraso y sin compensaciones  y mantener la inseguridad jurídica de la retribución

El nuevo gobierno se encontrará, entre otras herencias, con un sistema regulatorio con dos problemas principales:

1º.- La reiterada improvisación regulatoria gubernamental y como consecuencia la falta de estabilidad en las normas y de un horizonte predecible para el productor, el inversor y el consumidor que hoy supuestamente puede elegir la energía a consumir y su precio. No sabemos que ha sucedido con la Planificación que el Gobierno ha enviado a Bruselas pero que aquí no ha cumplido y el Parlamento no le ha exigido.

2º.-El diseño de la tarifa eléctrica interesadamente confusa, ineficaz para atender los costes reales del sistema y cara para todo el abanico de consumidores, que incluye además numerosos costes con los que nada tiene que ver. Como se ha escrito “el Gobierno todavía no ha aclarado un aspecto de la nueva tarificación, anclada en el mercado mayorista, que vulnera aparentemente el código mercantil; porque el usuario consume kilovatios de electricidad cuyo precio no conoce de antemano”.

La próxima legislatura precisa la toma de decisiones coherentes y grandes consensos dentro del sector energético y de éste con el nuevo gobierno. Ha habido excesiva guerra interna con el objetivo de eliminar competidores recién llegados al sistema y poca racionalidad para entender que el modelo eléctrico está cambiando gracias a la tecnología y se deben tomar medidas de adaptación a los cambios y oportunidades que ofrece la tecnología y demanda el consumidor.  Hace falta reencontrarse y dialogar dentro del sector energético puesto que hay sitio para la iniciativa y la inteligencia.

En APPA, hemos defendido los derechos que nos han ido otorgando la regulación y las directivas europeas, pero con sentido común no planteamos  cambiar la regulación energética sino mejorarla. Una regulación estable, que saliera del propio sector energético,  negociada y pactada por el Regulador con los agentes intervinientes en el sector, daría certeza y seguridad al sistema además de atraer nuevos inversores y relanzar la industria y el conocimiento tecnológico.